Doñana ya tiene acuerdo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, han firmado este lunes lo que será «un avance histórico» para el parque. Una rúbrica que se produce mes y medio después del último encuentro entre Moreno y Ribera el pasado 3 de octubre en el Palacio de San Telmo. Allí se dieron un mes de plazo para que fructificara esta negociación bilateral.
El acuerdo supone una inversión de 1400 millones de euros (700 del Gobierno de España y 700 de la Junta de Andalucía) que llegará a los agricultores con hectáreas en el entorno de hasta 14 municipios de la corona norte afectados. Así, 32 millones se destinarán a mejorar las condiciones de vida de los temporeros, y se entregarán 100.000 euros por hectárea a los agricultores que dejen de cultivar.
De estos 100.000 euros, 70.000 serán aportados por el Estado, 20.000 por la Junta y los 10.000 restantes por la Diputación de Huelva. Para estas ayudas no habrá limitación y cualquier vecino con hectáreas en este área podrá solicitarlas. Este acompañamiento se destinará a reforestación, cultivo de secano o agricultura ecológica, cumpliendo todas las normas de agua.
En el caso de las ayudas para reforestación, estas se extenderán diez años con una permanencia de 30. Para los cultivos de secano, la permanencia será de hasta cinco años, y para los ecológicos, de cinco años y medio.
Prolongado conflicto
Así, los dos gobiernos han logrado resolver un prolongado conflicto que llegó a su punto álgido durante la tramitación en el Parlamento de la Proposición de Ley de Ampliación de Regadíos de Doñana, la cual involucraba alrededor de 700 hectáreas. Estos terrenos, actualmente de naturaleza forestal, se reclasificarían como suelos agrícolas regables con aguas superficiales en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, abarcando las áreas de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
Este proyecto generó tensiones significativas entre las administraciones debido a las preocupaciones sobre su posible impacto en el Parque Nacional de Doñana, especialmente en medio de la sequía que afecta al Espacio Natural y que se ve exacerbada por el cambio climático. Sin embargo, ambos gobiernos han logrado superar las diferencias y llegar a un acuerdo que pone fin a meses de disputa, abriendo así un nuevo capítulo de colaboración y resolución de conflictos.