La Junta de Andalucía está promoviendo un proyecto de inversión de interés estratégico en el que la empresa Nature Call Initiatives planea construir un complejo turístico, deportivo y de ocio sobre el acuífero de Coín, en la zona de Los Llanos de Matagallar. Este proyecto, liderado por Jaime y Javier Ardid Martínez-Bordiú, bisnietos de Franco, tiene como objetivo la creación de un «Centro de Alto Rendimiento en Deportes Extremos y e-sports», que incluirá actividades como wakeboard, kitesurf, skateboard, e-buggies, MTB, rafting, rápel y salto base, además de e-sports. Además, el complejo contará con instalaciones de ocio, entretenimiento, alojamientos turísticos y otras actividades complementarias.
Sin embargo, este proyecto ha generado preocupación en la comunidad local. Se teme que la construcción pueda afectar al acuífero que abastece a Coín y sus huertas, poniendo en riesgo el suministro de agua y exponiéndolo a la contaminación. El acuífero de Sierra Blanca, que abastece a la región, ya muestra signos de escasez, y los coínos han experimentado una reducción en el acceso al agua.
El alcalde de Coín intentó tranquilizar a los agricultores y regantes locales, asegurando que el impacto del proyecto sería menor que uno anterior que fue descartado hace años. No obstante, la preocupación persiste entre aquellos que dependen del agua del acuífero para sus actividades agrícolas y cotidianas.
El proyecto de Nature Call Initiatives, que involucra una inversión significativa de 267 millones de euros para un complejo de más de 1.3 millones de metros cuadrados, ha sido respaldado por el gobierno de Andalucía, que lo considera una inversión «de interés estratégico» para la región. Se espera que genere empleo y atraiga turistas a Andalucía.
A pesar de esta declaración de interés estratégico, el proyecto aún debe superar obstáculos regulatorios y consideraciones ambientales, incluida la autorización ambiental unificada y la evaluación del posible impacto lumínico y acústico en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. La preocupación persiste entre quienes temen que la construcción pueda afectar el acceso al agua en una región que depende de ella para su subsistencia.