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El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado hoy de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley para hacer frente a la sequía aprobado este jueves en Consejo de Ministros extraordinario, y ha calculado que «sólo las exención fiscales que plantea supondrán un ahorro de 40 millones de euros para los agricultores andaluces», a lo que ha sumado otra serie de medidas urgentes que beneficiarán a la comunidad.

Así, ha explicado que «éste es el segundo decreto de sequía que aprueba el Gobierno de España respondiendo a las exigencias de una realidad que afecta con fuerza al sector primario de todo el país, pero de forma muy directa a Andalucía». Por ello, ha subrayado que estamos ante medidas coordinadas por los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica por valor de 2200 millones de euros, entre las que se encuentran las carácter fiscal –como la exención de las tasas y canon por el uso del agua– para los agricultores que hayan tenido una reducción superior al 40%, «que en el caso de Andalucía supondrá un ahorro de 40 millones de euros para nuestros agricultores».

A esta batería ha sumado otras de apoyo al sector primario, que suman 784 millones de euros, de las que 636,7 M€ del total serán ayudas directas para agricultores y ganaderos. En Andalucía, Pedro Fernández ha calculado que alcanzarán a más de 265.000 agricultores, ganaderos y apicultores.

Infraestructuras hidráulicas

Además, ha comentado, «con el claro objetivo de impactar sobre la comunidad andaluza, el Gobierno destina el 72,7% de la inversión contemplada en el real decreto-ley a infraestructuras en demarcaciones hidrográficas de las que Andalucía forma parte, es decir, Guadalquivir, Guadiana y Cuencas Mediterráneas«. «Estamos hablando de actuaciones de ejecución inmediata por valor de 15,4 millones de euros para actuaciones de mejora de la garantía de agua para abastecimiento a la población y un aprovechamiento más eficiente de la misma por parte de las comunidades de regantes en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana», ha remarcado, destacando los 745.782€ para una batería de pozos de emergencia para abastecimiento a la ETAP de El Chaparral ‘Fase I: sondeos de investigación’, en Granada; y la adecuación de la toma de la C.R. del Canal de Jabalcón en el embalse del Negratín (Granada), por valor de 125.000€, lo que «permitirá mejorar la extracción de agua del embalse ante la bajada significativa del nivel del mismo», ha afirmado.

Dentro de esos más 15M€ también se incluye el acondicionamiento de obra de toma C.R. de Deifontes (Granada), por valor de 63.122€; la limpieza y adecuación del canal de alimentación de la estación de bombeo de la presa del Arenoso (Córdoba), estimada en 600.000€; la captación en el río Genil para aportación de agua al abastecimiento del Consorcio de Aguas del Plan Écija (Córdoba), presupuestada en 1.485.730 €; la adecuación del desagüe de fondo presa de Giribaile para la atención de las demandas y caudales ecológicos, en la provincia de Jaén, por valor de 500.000 €; así como la terminación de la estación de bombeo de recursos desde el canal del Bajo Guadalquivir al embalse de Torre del Águila y adecuación obra salida impulsión en el embalse (Sevilla), con una inversión de  2,1M€.

La adecuación de tomas de las comunidades de riego en el cuenco del Canal del Bajo Guadalquivir (Sevilla), con un presupuesto de 250.000€; las mejoras en el embalse de La Fernandina para garantía de abastecimiento de Vilches y La Carolina (Jaén), con 2,5M€; los pozos abastecimiento de Vilches y de La Carolina (Jaén), estimados en 300.000€; la adecuación toma del Canal del Viar en el embalse de Melonares (Sevilla),  por valor de  2,16M€; el incremento de la capacidad de aducción desde los sistemas del Viar/SRG (Sevilla), que alcanza los 3,95M€ completan las actuaciones recogidas en el real decreto-ley y 600.000 euros para adecuaciones complementarias del trasvase de La Colada a Sierra Boyera.

Desalinización de agua

A todo ello, Pedro Fernández ha sumado los 200M€ para la desalinización en las provincias de Málaga y Almería y ha explicado que se van a declarar de Interés General del Estado dos desaladoras en ambas provincias, «pero tendrá que ser la Junta de Andalucía la que decida la ubicación de las mismas».

Ha recordado además que se contemplan 88,5 millones de euros en actuaciones prioritarias que deben acometerse en los próximos años, «con el objetivo de incrementar la resiliencia de los sistemas de recursos hídricos a las situaciones de escasez». En este apartado, ha puntualizado, «se incluyen actuaciones destinadas a la recuperación ambiental del espacio natural de Doñana y a la mejora del tratamiento de agua potable».

Ha informado además de que «el Gobierno ha declarado de Interés del Estado actuaciones relevantes, como las obras de consolidación de la Zona Regable del Negratín, en la Comarca de Baza,  y que incluye los términos municipales de Baza, Caniles, Zújar y Freila, actuación que atiende un presupuesto inicial de doce millones, para una superficie de 6700 hectáreas, «pero que tras la nueva Declaración de Interés General, el Gobierno de España asume la titularidad de las actuaciones y da un impulso definitivo al Regadío de las Comarcas de Baza», ha dicho.

Otra actuación declarada de Interés ha sido la mejora del abastecimiento a la entidad local de Matalascañas en Almonte (Huelva) desde la estación de tratamiento de agua potable de Palos (Huelva), en los términos previstos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. Con ello, se autoriza la transferencia de hasta 3 hm3 /año desde la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir para atender el abastecimiento de Matalascañas en Almonte (Huelva).

Otras medidas

El delegado del Gobierno ha hecho mención a otras medidas de carácter general, como la ampliación de la subvención a la contratación de seguros agrarios, hasta cubrir el 70% del coste de la póliza de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias; la excepción de la cuota del IBI correspondiente al ejercicio 2023 cuando se haya sufrido una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20% respecto a la media de los últimos tres años; y la reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio agrario.