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El Parlamento Andaluz ha aprobado este miércoles 12 de abril la proposición de ley para ampliar la superficie de regadíos permitida en Doñana, con los votos a favor del Partido Popular y Vox. La medida ha causado mucha polémica, al contar con la desaprobación de la comunidad científica. La Unión Europea ya avisaba de posibles consecuencias si no se mejoraba el cuidado del humedal y el Gobierno Central ha mostrado su rechazo desde el primer momento.
Tal y como ha expresado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el Gobierno recurrirá el proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional. Desde el Ministerio explicaban que «si la ley sale adelante, el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, un recurso que es suspensivo. Y se estudiarán todas las vías para frenar esta norma».
Un coste medioambiental y económico
Para justificar el recurso ante el Constitucional contra la ampliación de los regadíos, la ministra ha señalado el coste medioambiental que la medida podría suponer a Doñana, así como el posible coste económico que podría generar. Según ha expresado, considera que Bonilla está ofreciendo un «agua que no existe», al permitir una mayor explotación del agua en un contexto de sequía.
Ribera también ha hecho alusión a posibles llamadas de atención y castigos por parte de la Unión Europea, al decir que «el desafío a Europa que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía va a provocar que España tenga que pagar multas millonarias coercitivas cada tres meses, cuando nos condene el Tribunal de la UE». Tan solo un mes antes, durante marzo, Bruselas advirtió a España con motivo de Doñana, señalando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de Europea de 2021 que determinaba que el país no había tomado las medidas necesarias para salvaguardar el humedal. Además, amenazó con posibles sanciones.
Frente a las numerosas críticas que ha recibido la medida, Moreno Bonilla ha defendido que la ampliación de los regadíos solo afectará a «aguas superficiales», para evitar un daño irreversible al acuífero de Doñana. Estas aguas superficiales deberían estar alimentadas por un futuro trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir, pero el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya argumentó que el trasvase no fue planteado para la ampliación de los cultivos de regadío.