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El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla inadmite a trámite la ampliación de querella formulada por diputados del PSOE en el Parlamento andaluz que denunciaba un uso supuestamente «inadecuado» de los contratos del SAS durante la emergencia del Covid-19 en distintas provincias andaluzas. También señalaban «incumplimientos en los contratos suscritos por las diferentes plataformas logísticas sanitarias»
El citado juzgado expuso la inadmisión en un auto del pasado martes 7 de enero. En este, se detalla el escrito de ampliación de la querella contra la actual directora gerente del SAS, Valle García y sus dos inmediatos predecesores en dicha responsabilidad: Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Ello dio pie a las correspondientes diligencias previas, para comprobar si lo expuesto por los socialistas era cierto, en cuyo caso constituiría «un ilícito penal», según expone el auto. Sin embargo, manifiesta que la resolución «no es firme», ya que existe la posibilidad de «recurso de reforma y/o apelación».
La instrucción «no es competente»
El juez firmante entiende que «la competencia corresponde al Juzgado de Instrucción de la provincia correspondiente por ser el lugar donde se dicta la supuesta resolución, se suscriben los contratos e incluso en ese ámbito territorial despliegan los efectos».
Así argumenta la incapacidad del juzgado para asumir la correspondiente instrucción de los hechos. «No es competente para conocer de las posibles irregularidades provinciales que no tengan relación con los servicios centrales del SAS», según aparece en el auto.
El auto de este viernes explica en su apartado de razonamientos jurídicos que, en otro auto de fecha 10 de diciembre de 2024, se determinó que «el SAS comenzó a contratar con empresas privadas externas una inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que debieren prestarse por la sanidad pública». Dicha contratación estaría amparada por el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, durante un excepcional periodo de emergencia y crisis sanitaria.
«En este sentido -continúa detallando el auto de este pasado 7 de enero-, mediante resolución de 20 de enero de 2021, el director gerente del SAS autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia».
Múltiples informes en distintas provincias
La ampliación de querella de los diputados del PSOE-A inadmitida por el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla presentaba una serie de documentos que hacían referencia a «informes realizados por la Intervención Provincial en el año 2020».
Así, se presentaban documentos referidos al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, a la provincia de Jaén, al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, al Hospital Reina Sofía de Córdoba, al Hospital Torrecárdenas de Almería, a la provincia de Málaga, al Hospital Virgen de las Nieves de Granada y al Hospital de Poniente de El Ejido (Almería).
Otros documentos presentados en la ampliación de querella eran «una auditoría de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias», uno referido «a otra agencia pública estatal del Alto Guadalquivir que comprende la gestión de hospitales de las provincias de Jaén y Córdoba», e informes de la Intervención provincial «referidos al año 2021 a una pluralidad de servicios».
Por su parte, el juez recalca que las competencias de instrucción corresponderían a los juzgados de sus correspondientes provincias. Concluye puntualizando que sí serían relevantes para las diligencias abiertas en juzgado número 13 los documentos de la querella «referidos a informes de la Intervención Central del SAS de los años 2020-2023».