- Casi cuatro años de prisión y una multa de 3,8 millones de euros por fraude a Hacienda
- Sevilla es la provincia andaluza en la que se cometen más estafas informáticas
La Guardia Civil ha logrado desarticular una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas. La banda, desarmada en una operación conjunta con la Interpol y la Policía Nacional de Colombia, se dedicaba a estafar a través de la venta de mascotas de compañía. En Andalucía se han localizado víctimas en las ocho provincias.
Tras ello, hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos. No obstante, las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar, destaca el Instituto Armado.
Hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar, destaca el Instituto Armado.
Los 681 hechos delictivos esclarecidos por la Benemérita se dividen en: 335 estafas, 158 usurpación de estado civil, 95 falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La organización ha logrado un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, y ha llegado a ingresar más de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio español.
Valencia fue el punto de origen de la macrooperación
La operación «Canmoney», como se bautizó, se inició tras una denuncia por estafa, después de que una persona pagase por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de los fraudes se ingresaba en cuentas bancarias y, posteriormente, se convertía en criptomonedas para transferirse a cuentas de la organización.
Los engaños se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertados por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa. Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas afectadas.
Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían una segunda retribución y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Estas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.
Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta macro investigación.
Las criptomonedas se empleaban como una «herramienta estratégica» para dificultar la detección de los fondos ilícitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando al mismo tiempo su integración en el sistema financiero legítimo. Un «punto clave» de la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio, quien aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en España, detalla la Guardia Civil.
Tanto el dueño como su pareja, ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas. Estos fondos se convertían posteriormente en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, dificultando su rastreo.
Organización de la red criminal de venta de mascotas
En los escalones más bajos de la organización, diferentes personas ubicadas en España y Colombia se encargaban de la apertura de cuentas bancarias donde se depositaba el dinero procedente de las estafas. En un segundo escalón, los miembros se encargaban de recepcionar el dinero, convertirlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones de criptomonedas descentralizadas. Estas eran operadas a su vez por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún y eran estos últimos los principales líderes.
Se han practicado 12 registros, nueve en España y tres en Colombia. En ellos se han confiscado los teléfonos móviles que habían sido utilizados para cometer las estafas y mantener contacto con las víctimas. También se han incautado propiedades, vehículos, ordenadores, máquinas contadoras de billetes, dispositivos móviles e informáticos, dinero en efectivo, billeteras frías, criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentación relacionada.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación con la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía Nacional de Colombia e Interpol, el Centro Cibernético Policial y la Oficina Nacional de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol de la Policía Nacional de Colombia, así como con Europol.
Las víctimas se han identificado en 43 provincias de la geografía española: Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Álava, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora.