- Marea Verde se concentra y pide mejoras para la educación pública
- Los rectores de las universidades públicas andaluzas critican los «privilegios» de la Loyola
La comisión de programación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) se reúne este jueves a las 13:30 horas. En ella, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía formalizará una inyección de 21 millones de euros «adicionales» a las universidades públicas andaluzas. Con esto se pretende hacer frente al pago de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI).
Los rectores devalúan esta medida
Los rectores advierten de que esta cantidad es «insuficiente». Argumentan que »no satisface los acuerdos alcanzados entre la universidad pública y la Junta», refiriéndose al nuevo modelo de financiación y a lo suscrito con los sindicatos para los complementos autonómicos y la carrera horizontal. Exponen también su voluntad de que Juanma Moreno, »se implique personalmente» para lograr al abono íntegro de los 50 millones de euros por parte de la Administración.
«Está lejos de cumplir con lo pactado, pues faltarían aún más de 24 millones de euros de los casi 50 millones que se nos adeudan», explicaba este martes Francisco Oliva, rector de la Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA). «Por otro lado, y esto es aún más importante, esta transferencia que se nos ofrece no es consolidable. Esto quiere decir que no se incorpora inmediatamente a la envolvente financiera del sistema universitario andaluz, por lo que resulta inútil a efecto de cumplir cualquiera de los dos acuerdos que están pendientes».
La cantidad es efectiva únicamente para este año según Oliva, pero no en 2025. »No está reconocida en los presupuestos para el año que viene. No parece razonable ni aconsejable pagar unos complementos que se consolidan en las nóminas de los trabajadores para siempre como una financiación que tiene fecha de caducidad: diciembre de 2024″, concluía avisando de que la universidad pública tiene »posibilidad de reclamar legalmente» el cumplimiento acordado.
La respuesta del Consejo Andaluz de Universidades
Ramón Herrera, el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, demandaba en rueda de prensa el pasado martes «responsabilidad» a los rectores. Además los instó a «cumplir con la legislación vigente» porque de lo contrario «tendría un cariz bastante grave«. Respondía así a la advertencia dada por los rectores de la pública sobre el uso de «vías legales» para el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno andaluz. «No tomen como rehén a la comunidad universitaria impidiendo el pago de los acuerdos de junio; en primer lugar, porque es perjudicial para el personal y, en segundo lugar, porque la Junta ha cumplido su compromiso y el próximo jueves inyectará 21 millones de euros adicionales para que hagan frente al pago de los complementos. Pedimos responsabilidad a los rectores para que cumplan con la legislación».
Asimismo, desde el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, la Junta replicaba mediante carta que «aunque en las previsiones que realizamos entre las universidad pública y la Consejería estimáramos la concesión de 11.000 nuevos tramos, los efectivamente aprobados son algo más de 7.000 nuevos tramos, lo que supone que el coste para este año 2024 será sensiblemente inferior a los 20 millones de euros previstos inicialmente». Igualmente, subrayaba una nueva inyección económica de 21 millones de euros »adicionales».
«Los complementos autonómicos que se pueden retribuir son única y exclusivamente los evaluados y convalidados en esta convocatoria. Por tanto, al amparo de estas resoluciones remitidas a la universidades deberá efectuarse el pago de los complementos autonómicos del año 2024», continuaba la misiva.
El sistema andaluz de enseñanza, «el mejor financiado de España»
«Igualmente, los efectos económicos de los tramos retributivos de carácter progresivo obtenidos en la convocatoria ya resuelta producirán efectos desde el 1 de enero de 2024, siendo imperativo para las universidades el abono en este año de todos los complementos autonómicos convalidados y evaluados conforme a la convocatoria efectuada en este año 2024. Lo mismo sucede con el pago del 50% del quinto tramo del PTGAS, cuyo acuerdo se produjo en la mesa general del pasado mes de junio».
Ramón Herrera sostuvo que el sistema andaluz de enseñanza superior es «el mejor financiado de toda España». Remarcaba según él »un esfuerzo enorme por parte de la Junta» en materia de financiación a la universidad pública. También defendió que con los 21 millones de euros, el total se traducirá en 86 millones de euros más que lo recogido en el presupuesto de 2023. De manera convergente se ha manifestado la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que ha asegurado que la Junta «no entiende la reclamación» de los rectores.