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La Fiscalía ha pedido tres años y nueve meses de prisión y 3,8 millones de euros de multa a un empresario acusado por la presunta comisión de un delito de fraude contra la Hacienda pública valorado en 1,8 millones de euros en coordinación supuestamente con su hija, también procesada en esta causa.
Ambos procesados, que de resultar condenados habrían de indemnizar a Hacienda de manera conjunta y solidaria con 1,3 millones de euros, conforme a la petición del ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, habrían articulado un «plan defraudatorio».
Así, habrían realizado una serie de transferencias con fecha de 2 de febrero de 2012 a empresas mercantiles «plenamente controladas» por el acusado principal.
El objetivo, según la Fiscalía, era que una de sus sociedades, con obligaciones tributarias, quedara «en situación de insolvencia real para el pago de la deuda», eludiendo así supuestamente «el ingreso del dinero recibido en concepto de IVA» por 1,2 millones de euros tras la transmisión de dos fincas el 30 de enero de 2012 y beneficiando a otras empresas «a él vinculadas».
«Desde al menos el 31 de marzo de 2012, habiéndose desprendido de sus instalaciones desde el 30 de enero» de ese mismo año, la sociedad que tenía la deuda «cesó en su actividad», detalla el ministerio público.
La hija se enfrenta a una petición fiscal de dos años y tres meses de prisión y 3,8 millones de euros de multa como «cooperadora necesaria» en la presunta comisión del ilícito contra la Hacienda pública. Está previsto que estos hechos sean enjuiciados próximamente por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.