Imagen de recurso de la Escuela Infantil Torre de los Ángeles. A 02 de septiembre de 2024, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press
Imagen de recurso de la Escuela Infantil Torre de los Ángeles. A 02 de septiembre de 2024, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 32 millones de euros destinada a crear 2900 plazas públicas y gratuitas de Educación Infantil en siete comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que esta medida forma parte de la redistribución de los fondos europeos rechazados por la Junta de Andalucía, que renunció a una financiación de 112 millones de euros que habría permitido la creación de 12.000 nuevas plazas en esa comunidad.

La distribución se enmarca en el programa de impulso de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil para niños de uno y dos años, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Hemos iniciado una nueva convocatoria con estos primeros 32 millones, que se completará hasta alcanzar los 112 millones», ha explicado Alegría. La ministra ha criticado, además, el «rechazo expreso» de la Junta de Andalucía, lo que ha obligado al Gobierno a redistribuir los fondos no ejecutados.

La Junta de Andalucía, que inicialmente recibió 120 millones de euros, devolvió 112 tras prever la creación de solo 1040 de las 12.069 plazas financiadas. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha argumentado que aceptar esos fondos «habría asfixiado» a los centros existentes, muchos de ellos privados, en una red público-privada que actualmente emplea a 16.000 personas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado a la Junta de «incapacidad de gestión», recordando que no es la primera vez que la comunidad devuelve fondos, mientras solicita más financiación al Estado. La Junta respondió de su lado criticando la imposición del Gobierno central y señalando que otras comunidades, como el País Vasco, han logrado acuerdos para adaptar los fondos a sus modelos educativos.

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