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El Tribunal Constitucional (TC) ha exonerado parte de la prevaricación por la que se condenó a nueve años de inhabilitación al exvicepresidente y exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías Arévalo y al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Vicente Lozano Peña por el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.
Fuentes jurídicas confirmaron que la mayoría del Pleno del TC acordó estimar parcialmente los recursos de Zarrías y Lozano. La decisión se adoptó con siete votos a favor y cuatro en contra. Los cuatro magistrados del ala conservadora han anunciado que redactarán votos particulares.
El tribunal ha declarado que se vulneró el derecho a la legalidad penal al aplicar incorrectamente el delito de prevaricación. Ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para dictar un nuevo fallo que respete los derechos fundamentales.
El Constitucional reiteró que la elaboración y aprobación de anteproyectos y proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no constituye un delito de prevaricación.
Hasta ahora, las sentencias del TC han permitido la libertad de cinco ex altos cargos de la Junta: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, el exconsejero de Empleo Antonio Rodríguez, y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.