La Audiencia de Sevilla ha ordenado la liberación de Antonio Fernández, exconsejero socialista de Empleo. El Tribunal Constitucional (TC) anuló parcialmente su condena de siete años y once meses por malversación en el caso de los ERE fraudulentos.
La Sección Primera de la Audiencia, que emitió la sentencia inicial confirmada por el Supremo, recibió la notificación del TC y debe dictar una nueva sentencia aplicando los fundamentos del TC.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informa que, tras recibir la notificación por correo ordinario, la Audiencia ha ordenado la libertad de Antonio Fernández, quien estaba en la prisión de Puerto III en El Puerto de Santa María. La misma orden se extiende a Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación, condenado a seis años de cárcel por malversación en el mismo caso y encarcelado en Sevilla I.
Alfonso Martínez del Hoyo, abogado de Antonio Fernández, criticó la demora en la comunicación del TC a la Audiencia, ya que en casos anteriores el TC había anticipado su decisión directamente.
Situaciones previas
El TC ya había ordenado la liberación de otros condenados, como Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, exconsejeros de Innovación y Hacienda respectivamente, ambos también condenados por malversación en el caso de los ERE.
El primer condenado en ser liberado fue Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector general de IFA/IDEA, cuya pena también fue anulada por el TC.
El TC argumenta que la condena de Antonio Fernández se basó en su intervención en la elaboración y tramitación de presupuestos entre 2000 y 2009 y en la concesión de ayudas sociolaborales y empresariales, lo que el TC considera un control indebido de actos legislativos del Gobierno, prohibido constitucionalmente.
El TC rechaza que la ejecución de leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento pueda constituir malversación. Afirma que si la gestión de los fondos se amparaba en la ley, la omisión de controles no puede considerarse sustracción. Sin embargo, menciona conductas de Fernández que no se ajustaban a la normativa sobre subvenciones y la aplicación de fondos para fines distintos a los autorizados.