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El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la compra por valor de 328 millones a la empresa WP Carey de los 70 edificios que pertenecían al Gobierno andaluz y que este les vendió en 2014, un acto de «eficiencia en la gestión» y que supondrá «un ahorro de más de 100 millones» a las arcas públicas, más los alquileres que habría que pagar desde el año 2034 en adelante. El dinero se pagará de una vez con cargo a los presupuestos de 2024.

Así, en un acto en Sevilla en el que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha concretado que solo este año se han pagado 35,6 millones por el alquiler de estos edificios por lo que ha insistido en que al no tener que pagar ya esta cantidad, este dinero se destinará para atender otras prioridades en los presupuestos andaluces, ya que ello va a suponer incrementar las partidas presupuestarias autofinanciadas y así poder disponer de más recursos en los ámbitos donde más falta hacen como son la educación, la sanidad, la dependencia o servicios sociales. «Esos 35,6 millones equivalen al salario bruto anual de más de mil docentes o a lo que cuesta construir diez colegios».

En este punto, ha recordado que cuando este Gobierno llegó en 2019 a la Junta de Andalucía se encontró con «desorden» en muchos aspectos de la gestión diaria, siendo uno de ellos el de la gestión del patrimonio inmobiliario público.

Dada esta situación, ha asegurado que el Ejecutivo andaluz acordó elaborar un Plan Estratégico de Sedes Administrativas con el que se perseguían dos objetivos como el de reducir el pago de alquileres, ya que, según ha apostillado, «se están pagando casi 60 millones cada año», y racionalizar su uso en beneficio de los empleados que trabajan en esos edificios, de los usuarios que acuden a diario a ellos y de todos los andaluces.

Moreno ha recordado que en 2014, cuando era consejera de Hacienda, y responsable de patrimonio de la Junta de Andalucía, la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, «la Junta decidió vender a la empresa de inversiones Holmes por 300 millones de euros un total de 70 edificios en los que trabajaban más de 8600 empleados públicos».

Aquel acuerdo, ha añadido, «tenía una contrapartida que bajo mi punto de vista era completamente lesiva con los intereses de la administración autonómica», ya que «se obligaba a la Junta a alquilar esos edificios a los nuevos propietarios, a los que le habíamos vendido nuestro patrimonio público, por un periodo de 20 años a través de lo que se conoce como ‘Sale and Lease back’, ‘Venta con arriendo posterior’».

«El dinero se ingresó, se gastó y se hipotecó el patrimonio de los andaluces. Solo este año hemos pagado 35,6 millones euros por el alquiler de estos 70 edificios, un precio que se va revalorizando cada año según el IPC», ha añadido.

De esta forma, ha matizado que, en 2014, el precio de renta anual se acordó en 23,6 millones, más el 21% de IVA, y ha especificado que el primer año se pagaron 28,5 millones y hoy nueve años después, se está pagando una renta que es siete millones superior. «El IPC desde 2014 ha subido en Andalucía un 21,4%, pero el precio del alquiler de los edificios ha aumentado un 25%».

El presidente andaluz ha asegurado que el contrato de alquiler tenía una «cláusula suelo» que establecía que, con independencia de cuál fuera el IPC, el precio de la renta se subiría, al menos, un 1,5% y ha recalcado que en la década que ha estado vigente el contrato el IPC ha sido negativo o inferior al 1,5% la mayor parte de los años y cuando ha sido superior, la renta se ha revalorizado con la cifra más alta, es decir, la del IPC.

Respecto a esto, ha afirmado que aquella operación de 2014 fue en su día comentada y que hasta la Cámara de Cuentas denunció sus perjuicios, ya que «los 300 millones que se ingresaron por la venta de los edificios se gastaron y lo que quedó fue una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión».

Moreno ha incidido en que con este acuerdo se pone fin a esta situación, ya que ha añadido que hasta 2034, año en el que expiraría el contrato inicial, la Junta habría pagado por los alquileres unos 708 millones en concepto de renta, casi dos veces y media lo recibido, y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría sin duda los 40 millones cada año.

«Hasta final de 2023, se habrán abonado unos 279 millones y de aquí a 2034 se tendría que seguir abonando un coste estimado de 430 millones, más los gastos de conservación y reparación. Además, pasados los 20 años del contrato, se debía buscar nuevo sitio para los 8600 empleados de dichas sedes, o volver a negociar con la propiedad nuevos alquileres», ha concluido.