El Tribunal Constitucional revisará las condenas de Chaves y Griñán dictadas por el caso de los ERE en Andalucía para comprobar si el procedimiento penal se desarrolló con alguna vulneración de sus derechos fundamentales. Esto supone la admisión a trámite de sus recursos, una decisión que no es automática y que necesita valorar que existe una trascendencia constitucional especial en el asunto. Este se incluyó en el Pleno del 22 de mayo, aunque se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones del 28 de mayo, manteniéndose hasta después del anuncio de las generales.

En el caso de los ERE son doce los recursos pendientes de admisión y es Inmaculada Montalbán, vicepresidente del Constitucional, la responsable de las ponencias. De hecho, la primera impugnación, la presentada por la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, recayó en su despacho.

En el caso de Griñán, el Tribunal Supremo le condenó a seis años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. La condena de su predecesor en el cargo, Manuel Chaves, únicamente conlleva inhabilitación, ya que no se encontró culpable del segundo de los delitos.

Fue a principios de años cuando la Audiencia de Sevilla suspendió el ingreso en prisión de Griñán para que completara su tratamiento de radioterapia. El último informe de Medicina Legal señaló que el tratamiento resultaba «poco compatible con la vida en prisión», ya que requería «vigilancia estrecha». No obstante, tras el recurso de la Fiscalía, Griñán deberá someterse a un nuevo informe médico para que los jueces dicten una decisión definitiva.

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