La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Internet este 17 de mayo, destaca cómo la red de redes, las tecnologías de la información y los dispositivos móviles se han convertido en herramientas esenciales en nuestras vidas, constituyendo, en el ámbito del consumo, plataformas de uso diario. En este contexto, la Junta de Andalucía ha comenzado la campaña de inspecciones en páginas web.
Las actuaciones, de ámbito autonómico, comenzaron en abril y se prolongarán hasta diciembre, y tienen el objetivo de comprobar, a través del análisis e inspección de las webs, que dichas páginas cumplan la normativa en materia de lugar de establecimiento, identificación, oferta, condiciones generales de contratación, prácticas comerciales desleales, contratos y quejas y reclamaciones.
La campaña prevé la realización de al menos 410 actuaciones en páginas web, en las que se inspeccionarán cuatro productos o servicios ofertadas en cada uno de estos sitios.
En la campaña de inspección se contempla el control de todo tipo de páginas de comercio electrónico que prestan servicios o comercializan bienes a personas consumidoras y usuarias en Andalucía.
Desde la Dirección General de Consumo se hace hincapié en la importancia de estas inspecciones, enmarcadas en la campaña de control de servicios de 2023, puesto que las compras a través de internet por parte de las personas consumidoras y usuarias se han multiplicado, superando, en algunos sectores, al comercio tradicional.
Resultado de las inspecciones de páginas de comercio de 2022
Cabe recordar que, en la anterior campaña de inspección de comercio electrónico, de 2022, se realizaron en la comunidad autónoma andaluza 319 actuaciones en 305 webs comerciales, de las cuales 224 resultaron con actas positivas o incumplimientos, un 70% del total.
Tras realizarse estas inspecciones, los incumplimientos de normativa perpetrados por estas páginas fueron de naturaleza muy diversa, aunque se destacan la ausencia de una garantía legal de conformidad, carencias en información alimentaria obligatoria y falta de acceso identificable a una plataforma de resolución de litigios en línea de la UE.