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La inmigración y la crueldad de las muertes de sus víctimas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), junto a más de un centenar de organizaciones, ha presentado un documento de «Medidas para un trato digno a las personas muertas y desaparecidas en los trayectos migratorios y a sus familiares», con motivo de la conmemoración, hoy, del Día de los Difuntos, y del 34º aniversario de la llegada del primer cadáver de una persona que trataba de migrar a España, el 1 de noviembre de 1988. Desde ese momento, la organización ha documentado la muerte o desaparición de más de 12.000 personas.
Este documento, que será enviado al Defensor del Pueblo, al Gobierno de España y a responsables de grupos parlamentarios, es un paso más en la campaña #VidasSinRastro, que se viene desarrollando desde el pasado mes de mayo, momento en que las entidades enviaron al Defensor del Pueblo y al Gobierno un decálogo de exigencias. «Es tal la odisea, el vacío legal y administrativo con el que se encuentran las familias y tan grande el sufrimiento y la impotencia que esta inexistencia de mecanismos provoca, que hemos preparado un programa específico con las medidas necesarias para un trato digno a las personas muertas y desaparecidas y sus familiares en la frontera sur», explica la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Medidas para víctimas de la inmigración
Entre las medidas presentadas destaca la creación de una Oficina Única de Información para Familiares. «Se trata de una oficina que se enmarcaría orgánicamente dentro de la estructura del Defensor del Pueblo y que debe asegurar una atención integral en el acompañamiento y apoyo a las familias tanto en la denuncia, búsqueda y localización de sus seres queridos, como en los procesos de identificación de personas fallecidas», señalan desde la APDHA. «Uno de los principales problemas que hemos venido detectando», apunta la organización, «es la ausencia de mecanismos de acceso para quienes buscan a personas que han iniciado el trayecto migratorio hacia España. La barrera idiomática, las dificultades burocráticas y la multiplicidad de instancias hacen prácticamente imposible esa búsqueda».
Por ello, proponen la creación de esta oficina única, a la que los familiares podrían acceder a través de una web, por teléfono o por correo electrónico y que vendría acompañada de unas de gestión recopilarían la información en las zonas de llegada para transmitirla a la oficina única.
Un banco de ADN
No es esta la única medida prevista por este centenar de organizaciones. También proponen crear un banco de ADN, en conexión con el sistema I–Familia recientemente creado por Interpol, mejorar los convenios de repatriación o establecer un nuevo marco jurídico para las declaraciones de ausencia o fallecimiento en relación con las personas migrantes.
«A pesar del número creciente de fallecimientos en la frontera sur, desde las autoridades estatales nada se ha hecho por proporcionar un trato adecuado, integral y digno a estas personas y a sus familias», indican los responsables de la organización. «Este programa de medidas es absolutamente necesario para cambiar la realidad que vienen sufriendo las personas migrantes y sus familiares desde hace más de tres décadas», concluyen.