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En 2021, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) asignó más de 458 millones de euros en contratos a empresas sin seguir los procedimientos legales establecidos, según ha adelantado este martes eldiario.es. La Junta de Andalucía, a través de su órgano de control, ha detectado que estos contratos fueron fraccionados en partes pequeñas para eludir las leyes que exigen competencia pública y transparencia. En lugar de abrir concursos públicos para que varias empresas compitieran, el SAS dividió contratos grandes en cientos de contratos menores con el mismo propósito, lo que permitió asignarlos a dedo a las mismas empresas.
Los auditores señalan que esta práctica, que es ilegal, se repitió en varias provincias andaluzas, como Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén. Los contratos menores, que están diseñados para situaciones excepcionales, fueron utilizados de manera generalizada. En muchos casos, se firmaron contratos menores por el mismo servicio o producto durante todo el año, lo que resultó en grandes sumas de dinero adjudicadas a las mismas empresas, como grandes farmacéuticas y constructoras, sin permitir que otras empresas pudieran competir.
El problema con esta forma de adjudicación es que, al no haber competencia, no se lograron posibles ahorros para las arcas públicas, ya que otras empresas no pudieron ofrecer precios más bajos. Además, muchos de estos contratos menores duraron más de un año, lo que también es ilegal según la ley de contratos.
El informe de los auditores destaca que, si en seis meses no se corrigen estas irregularidades, podrían tomarse medidas legales. La Junta tiene hasta diciembre para presentar un plan que garantice que los contratos se asignen de manera más transparente y competitiva.