El Parlamento andaluz vivió este jueves un intenso debate sobre los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid-19. Diputados del PSOE-A acusaron al Gobierno andaluz de corrupción, mientras que Carolina España, consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, defendió la legalidad de las contrataciones y cargó contra la gestión socialista en el pasado.
Josele Aguilar, diputado del PSOE-A, denunció que el Gobierno andaluz continuó usando contratos de emergencia incluso cuando ya no era necesario, ignorando una instrucción interna que indicaba que debían cesar en junio de 2021. Según Aguilar, se firmaron contratos bajo este procedimiento hasta 2024, lo que calificó como un sistema «ilegal» para desviar dinero de la sanidad pública a la privada sin controles ni transparencia.
Aguilar también afirmó que la Junta eliminó controles previos en octubre de 2020, lo que facilitó que se desviaran millones de euros «a dedo». Además, recordó que el asunto está siendo investigado por un juzgado sevillano, tras una denuncia del PSOE, y lo describió como un caso de «corrupción política».
Respuesta del Gobierno andaluz
Carolina España respondió que la Intervención General, un órgano independiente encargado de supervisar los contratos, no ha emitido informes críticos que obligaran al Gobierno a tomar medidas adicionales. Defendió que todas las recomendaciones de la Intervención han sido atendidas y que los contratos estaban avalados por informes jurídicos.
La consejera acusó al PSOE-A de «guardar informes en cajones» cuando gobernaba la Junta, mencionando un caso de 2009 relacionado con el Hospital de Poniente. Además, insistió en que el actual Gobierno ha reforzado los controles, creando nuevos cuerpos de auditores e interventores, y que todos los contratos de emergencia están disponibles en el Portal de Transparencia.
Más reproches y el caso judicial
María Márquez, diputada del PSOE-A, criticó que la consejera dijera anteriormente que las denuncias socialistas habían sido archivadas, cuando el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sigue investigando los contratos de emergencia. Márquez recordó que tres altos cargos del SAS están imputados y calificó como «indecente» justificar los contratos bajo el argumento de salvar vidas.
Carolina España insistió en que los contratos de emergencia finalizaron en mayo de 2023, dos meses antes del fin oficial de la crisis sanitaria, y que todos estaban avalados por informes legales. Además, reprochó al PSOE-A su implicación en casos de corrupción pasados, como los ERE, y afirmó que el Gobierno del PP intensificó los controles mientras los socialistas buscaban evitarlos.