La consejera de Salud y Consumo de Andalucía, Rocío Hernández, ha asegurado en el Parlamento andaluz que todos los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid-19 fueron respaldados por informes jurídicos. Esta declaración responde a las preguntas de distintos partidos (PP-A, PSOE-A y Vox) sobre la legalidad de estas contrataciones entre 2021 y 2024.
Hernández explicó que las contrataciones se hicieron en un contexto de crisis sanitaria sin precedentes, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el Covid-19 como una emergencia internacional en enero de 2020, y España fue uno de los países más afectados. En este marco, todas las comunidades autónomas recurrieron a contratos de emergencia, ya que era una obligación para garantizar la atención sanitaria.
La consejera destacó que esta modalidad permitió salvar vidas y atender a miles de pacientes. Admitió que en el proceso pudieron darse fallos administrativos debido a la urgencia, pero insistió en que siempre se respetó la ley. También señaló que el SAS contó con dos informes de su asesoría jurídica que avalaron la prórroga de estos contratos.
Prórrogas en tres ocasiones
Detalló que las prórrogas se aprobaron en tres ocasiones: diciembre de 2021, septiembre de 2022 y enero de 2023. Aclaró que, tras el control de la pandemia, el uso de este mecanismo disminuyó significativamente y dejó de utilizarse en mayo de 2023. En cifras, la contratación de emergencia pasó de representar el 26,5% de los contratos públicos en 2020 al 0,9% en 2023, limitado entonces solo a tratamientos oncológicos.
Hernández también señaló que la Cámara de Cuentas de Andalucía avaló la contratación de emergencia y que toda la información sobre estos contratos está disponible en el portal de transparencia de la Junta.
La consejera defendió que estas medidas eran necesarias para priorizar la salud de la población y atender tanto a pacientes con Covid como a otros con enfermedades graves. Subrayó que estas contrataciones fueron esenciales para realizar diagnósticos, cirugías, vacunaciones y tratar patologías como el cáncer o la fibrosis quística.
Finalmente, remarcó que el Gobierno central dio por terminada la crisis sanitaria en julio de 2023, y el SAS dejó de usar la contratación de emergencia un mes antes de esa fecha. «Se actuó de acuerdo con la ley y siempre pensando en proteger la vida de los ciudadanos», concluyó.