El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por el PSOE-A contra el Gobierno de la Junta de Andalucía, por presunta malversación y prevaricación en la adjudicación de aproximadamente 300 millones de euros a través de contratos de emergencia sanitaria. Según el partido socialista, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continuó utilizando un procedimiento de emergencia excepcional hasta 2023, a pesar de que la normativa legal que lo respaldaba fue derogada en 2021.
La denuncia, presentada el pasado 20 de junio, ha llevado a la apertura de diligencias para investigar los contratos realizados entre 2021 y 2023 por el SAS. Estos contratos se habrían llevado a cabo «sin publicidad, ni control, ni concurrencia», según el PSOE-A, quien sostiene que la Consejería de Salud adjudicó recursos públicos a la sanidad privada sin el debido proceso legal.
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha celebrado la decisión judicial y ha denunciado lo que califica como un «abuso» en la contratación de emergencia, acusando al gobierno de Juanma Moreno de favorecer a la sanidad privada en detrimento del sistema público. Espadas subraya que la situación se produce en un momento de deterioro del sistema sanitario público, con largas listas de espera y crecientes quejas de pacientes y profesionales sanitarios.
Salud niega «rotundamente» las acusaciones
Por su parte, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha negado rotundamente las acusaciones de fraude de ley, defendiendo la legalidad de las contrataciones del SAS durante la pandemia. Hernández ha explicado que los contratos de emergencia contaban con respaldo legal y se realizaron en un contexto excepcional, donde la prioridad era salvar vidas y garantizar la seguridad sanitaria en plena pandemia de Covid-19.
El PSOE-A también ha señalado informes «demoledores» de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la propia Intervención de la Junta, que alertan sobre irregularidades en los contratos del SAS, que, según ellos, estarían beneficiando a la sanidad privada. Sin embargo, la consejera ha defendido que todos los contratos y resoluciones se publicaron en el Portal de Transparencia, cumpliendo con la normativa vigente en todo momento.