El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este lunes, en la inauguración del IV Congreso Nacional de Vivienda, en Málaga - ALEX ZEA-EUROPA PRESS
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este lunes, en la inauguración del IV Congreso Nacional de Vivienda, en Málaga - ALEX ZEA-EUROPA PRESS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que en el primer semestre de 2025 se aprobará una nueva Ley andaluza de Vivienda. Durante su intervención en el IV Congreso Nacional de Vivienda en Málaga, Moreno ha destacado que es necesario solucionar los problemas de acceso a la vivienda en la región y en el país, ofreciendo diálogo al Gobierno central para encontrar soluciones conjuntas.

Moreno explicó que uno de los mayores problemas actuales es el desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas, lo que dificulta que las personas, especialmente los jóvenes, puedan acceder a una vivienda y retrasen su emancipación. En Andalucía, ciudades como Málaga, Sevilla o Granada son ejemplos de este problema, donde se estima que unas 90.000 familias están esperando soluciones para poder tener una vivienda.

Para facilitar la construcción de más viviendas, la Junta de Andalucía está reduciendo los trámites burocráticos y ha aprobado una Ley para acelerar el desarrollo urbanístico, apostando por la colaboración público-privada. Además, el presidente adelantó que la nueva Ley de Vivienda también busca ofrecer terrenos a precios asequibles y aumentar la oferta de viviendas, tanto en venta como en alquiler. Parte de este plan incluye la puesta en alquiler de 20.000 viviendas de protección oficial (VPO).

Moreno hizo un llamado a que todas las administraciones (Gobierno central, Junta, diputaciones y ayuntamientos) trabajen juntas para superar los obstáculos que frenan el crecimiento del sector de la construcción y el acceso a la vivienda. Recalcó que, aunque puedan existir diferencias, hay objetivos comunes, como facilitar el acceso a la vivienda para todos.

Finalmente, el presidente insistió en la necesidad de que las administraciones pongan el interés general por encima de cualquier otro interés particular, actuando de forma «valiente y audaz» para solucionar este problema que afecta a tantas familias.

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