• Moreno exige «respeto» a Andalucía tras la propuesta de Urkullu
• Adelante cree que la propuesta de Urkullu «atenta contra la historia de Andalucía»

Históricos andalucistas y referentes del Partido Andalucista (PA) han reaccionado a la propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, que propone una reforma territorial para reinterpretar la Constitución y construir un futuro plurinacional. En un escrito, denominado Sin Andalucía, no, lehendakari Urkullu, ha expresado que «Andalucía no aceptará, bajo ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades originariamente beneficiadas por la Constitución», haciendo referencia a País Vasco, Cataluña y Galia.

Entre los firmantes del documento se encuentran históricos andalucistas como Alejandro Rojas-Marcos, Pedro Pacheco, Miguel Ángel Arredonda, Antonio Moreno, Emilio Pérez Ruiz y José Núñez. Estos consideran que «la iniciativa de Urkullu es oportuna, por las actuales circunstancias políticas del Estado español, y legítima, pero la autoridad de máximo representante vasco». Así, mantienen que «el modelo territorial que diseñó el constituyente de 1978 ya hace tiempo que viene dando señales de agotamiento, como es normal en el transcurso del tiempo, y es hora de explorar nuevos caminos, con clarividencia y sin dramatismos».

Añaden que la propuesta de Urkullo no debe ser demonizada porque eso sólo nos conduciría a la parálisis y al enfrentamiento» y «lo que es peor, a que el centralismo siga beneficiándose de ello».

Los históricos andalucistas afirman que «los andaluces tenemos mucho que decir, porque el estatus jurídico-constitucional de esta nacionalidad histórica es idéntico al de Euskadi, Cataluña y Galicia, a las que se dirige, exclusivamente , la propuesta de Urkullu, con interesado y expreso olvido de Andalucía».

Los firmantes del documento están convencidos de que una inmensa mayoría la sociedad andaluza, así como la práctica totalidad de sus fuerzas políticas, coinciden en que Andalucía conquistó la igualdad con las llamadas nacionalidades históricas el 4 de diciembre de 1977, en las calles, el 28 de febrero de 1980, en las urnas, y el 21 de octubre siguiente, al acordarse, por unanimidad el desbloqueo de la autonomía en el Congreso».

Argumentan también en sus respuesta al lehendakari que «las Cortes de 1978 diseñaron una Constitución profundamente discriminatoria, en favor de esas nacionalidades, que sólo el empeño del pueblo andaluz y su vanguardia andalucista pudieron quebrar, a duras penas, al tiempo que escribían una de las más vibrantes páginas de su historia».

«La intención esencialmente discriminatoria del pacto constitucional en relación con la organización territorial del Estado, mantenida en el tiempo y expresiva del pacto que derecha e izquierda españolistas ahormaron durante la Transición para satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos vascos y catalán, también responsables interesados de tal discriminación». En este sentido, recuerda que los andaluces hicieron «saltar por los aires» ese pacto, «aunque con el paso de los años los sucesivos gobernantes andaluces lo han ido asumiendo, atentos prioritariamente a conquistar el gobierno del Estado con el apoyo de las fuerzas políticas catalanas y vascas, que, a cambio, obtenían pingües beneficios políticos y económicos».

La línea roja de la desigualdad

Los andalucistas señalan que Urkullu, con su propuesta, «traza la línea roja de la desigualdad en las comunidades que tuvieron autogobierno previo a la Constitución de 1978. Si bien Euskadi, Cataluña y Galicia lo consiguieron durante la República, Andalucía lo tenía previsto para septiembre de 1936». Además, preguntan si «no es el colmo que la línea roja del señor Urkullu, como en su día de los constituyentes, venga marcada por el golpe de estado del general Franco».

Responde al Plan Urkullu

Avisan que la derecha y la izquierda estatales están dispuestas a volver a pactar una nueva discriminación para volver a satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos vasco y catalán, siempre que ello les ayude a conquistar el Gobierno de España».

Los firmantes aseguran que el Pla Urkullu es de «enorme potencia en el fondo y de extrema suavidad en la forma» y advierten de que el lenhendakari «parece dirigirse tanto al PP como al PSOE, y si nos apuran al Tribual Supremo, al Constitucional y a la Corona, con un elemento nuevo», el de que «la fuerza de estos nacionalismos en 2023 es infinitamente superior a la que gozaban en 1977, por lo que es razonable pensar que sus posibilidades de éxito son aún mayores».

Por último, proponen que las «instituciones públicas» andaluzas y los partidos que las conforman» proclamen como hicieron el 4 de diciembre de 1977, que «Andalucía no aceptará, bajo ningún concepto, un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades originariamente beneficiadas por la Constitución».