Ayer fueron las elecciones y la izquierda perdió estrepitosamente, o, al menos, así lo cacarean los medios dominantes una y otra vez. El Presidente del Gobierno, en un alarde de estrategia y responsabilidad, no tira la toalla, entiende que en seis meses puede y debe hacer muchas cosas por y con la gente, la que le votó para que gobernase cuatro años y la que no, la que sigue creyendo en su programa y la que ya se decepcionó. Y casi doscientos días dan para mucho. Es más, sabiendo que lo tiene cuesta arriba, tan difícil, se le ofrece la posibilidad de hacer todo aquello que en otras circunstancias le obligarían a suavizar, a medir y desechar por ser polémicos. Éste es el momento y ésta la ocasión.

A primera hora de la mañana de este lunes 29 de mayo, convoca rueda de prensa y lanza toda una batería de medidas estructurales, rápidas, directas, profundas. Ha llamado antes a las personas que lideran los grupos parlamentarios progresistas, los que le apoyaron en la investidura y alguno más, para informarle y recibir su primera impresión y la disponibilidad de dar prioridad a la aprobación de este paquete legislativo.

Ha querido tomar la iniciativa ante el inevitable desgaste que tendrá en los próximos seis meses, con la mayor parte de los gobiernos autonómicos y de las ciudades en contra, los medios de comunicación criticándole y también pretende frenar el gran festejo de la derecha por su inflada (inflada como un globo) victoria de ayer. También ha querido eliminar cualquier atisbo de rebelión y hasta crítica interna, empujando a su partido a una nueva campaña mediática sobre el nuevo giro progresista, sin haber respirado, descansado, evaluado ni resoplado por los resultados de hace sólo un día. Y, como no, ha descolocado a su oposición de las derechas, que se las componían felices aprovechando lo que han decretado como tsunami conservador. Por otra parte, las izquierdas, centralizadas y descentralizadas, que han quedado knockeadas por el veredicto electoral, tienen algo de tiempo para su proceso de recomposición y aglutinamiento, con un calendario suficiente y posibilidad real de negociación para armar y difundir un programa ilusionante. Incluso hay espacio para plantearse la posibilidad de un Frente Amplio a la uruguaya

El Presidente, ahora sabe que el poder mediático, en su extraordinaria parcialidad y control de los aparatos reaccionarios, a través de sus insistencias en mentiras, medias verdades, cuartos de verdades y décimas de verdades, ha conseguido distraer de los logros alcanzados o de lo positivo de la gestión de este trienio largo cargado de pandemia, volcán, guerra, brexit, presión fronteriza y ola conservadora de medio mundo. Es hora de limpiarlo y transparentarlo. Lo primero será recuperar el control de la RTVE, con una maniobra de nombramientos clave, girando absolutamente su inclinación conservadora. A partir de ese momento, el ente se convertirá en el altavoz fundamental de las acciones de los gobiernos locales, provinciales, autonómicos y central, parlamentos y consejos judiciales, con equilibrio y la mayor imparcialidad posible. Incluso, el Presidente tendrá un espacio semanal de audiencia pública que, al estilo de López Obrador, ayude a difundir lo hecho y a anunciar lo planificado, haciendo partícipe a la ciudadanía del acontecer político.

Anuncia que en unos días va a impulsar, con la complicidad de diputados y diputadas progresistas, una ley de medios de comunicación que permita ampliar a dos o tres nuevos canales de televisión, un buen puñado de emisoras de radio y unas cuantas iniciativas de prensa digital de corte progresista e imparcial, además de radios comunitarias, sociales y sindicales. Se limitarán las dádivas por publicidad con dinero público, con una distribución equitativa y controlada de contratos, que equilibre la incidencia política, que desmonte el bipolio que nos controla y, sobre

todo, que sancione duramente los mensajes de odio, racismo, clasismo y aporofobia, que cierre y multe duramente los medios que mientan y obligue a una compensación rápida y equivalente en caso de error informativo.

Como segunda medida urgente, van a recuperar la neutralidad del poder judicial, aprobando una ley que permita nombrar a miembros del Consejo Superior sin necesidad de los dos tercios que han secuestrado el órgano, impulse el nombramiento de jueces y juezas desligados de los poderes de derecha y acelere los trámites, juicios y sentencias con la inyección de los recursos que sean necesarios para su puesta al día (no es posible que se puedan subvencionar con millones de euros a la gran banca o a los grandes propietarios agrícolas y no se pueda contratar a una tropa de profesionales en el derecho que saque del atolladero a la justicia, dice el Presidente en su rueda de prensa). Desderechizar a la justicia es condición indispensable para que las leyes y normas sean aplicadas desde el espíritu de las mismas y no al contrario.

Una tercera medida que se va a aprobar en un cortísimo plazo, será la eliminación de la ley mordaza. Se acometerá un proceso acelerado de formación y capacitación de unas policías (locales, autonómicas, nacionales, militares) que sean las que, en desarrollo de la democracia, acepten la derogación de las limitaciones legales y frenen el desarrollo de tendencias autoritarias, punitivas y violentas de las entidades públicas que velan por nuestra seguridad, limitando la privatización de estos servicios con fines de lucro y desarticulando esas asociaciones pseudosindicales que, emanadas y/o casadas con partidos de derecha, enturbian la convivencia y generan inseguridad en quienes quieren participar en la vida pública y/o pertenecen a colectivos criminalizados y ejercen la fuerza sobre quienes deben proteger y apoyar.

Ha dicho en su rueda de prensa de hoy, día 29 de mayo, que estas veinticinco semanas serán las adecuadas para, una vez imparcializados los medios de comunicación, la justicia y las policías, impulsar tantas medidas sociales fueran posibles presupuestariamente para el buen vivir: limitar el precio de los productos alimenticios, energéticos, financieros y residenciales básicos (como se hizo con las mascarillas), frenando las ansias irrefrenables de ganancias de las grandes compañías; iniciar un plan masivo de recuperación de servicios públicos educativos, sanitarios, sociales, de transporte (con la posibilidad de aplicación del 155 a las comunidades y municipios que no acaten la Constitución en la defensa de los derechos fundamentales) y delimitando paulatinamente la concertación con dinero de todos y todas con las empresas del lucro (educativas, sanitarias, ETTs,…) , entre otras políticas urgentes. Pero sobre todo, con absoluta prioridad y urgencia, hacer partícipe a la población de las decisiones políticas y de su devenir como sociedad, convocando manifestaciones, concentraciones, reuniones, encuentros, consultas, sondeos, con el uso adecuado de nuevas tecnologías y acciones presenciales.

“Seis meses dan para mucho, siempre que se quiera y se decida afrontar las presiones, chantajes y extorsiones que los poderes dominantes van a intensificar aún más. Y queremos y estamos decididas y decididos. No se nos olvida lo más importante: nuestra responsabilidad.” declaró el Presidente.