Artículo de opinión de Carmen Molina Cañadas, coordinadora de Alianza Verde Andalucía, bióloga, con formación específica en Agricultura Ecológica y experiencia como docente y técnica de laboratorio.
Hace mas de cinco años escribía una reflexión abordando con asombro, cómo la acción de gobierno municipal en Málaga maniobraba buscando la forma de limitar la participación ciudadana en asuntos que afectan directamente a cómo se organiza el entorno en que vivimos los ciudadanos.
A principios de 2016, el pleno del ayuntamiento de Málaga, en una de sus sesiones plenarias, aprobó organizar una consulta sobre el destino de un enorme solar, de un barrio muy densamente poblado y con escasez de espacios verdes. El destino de esos terrenos (177.000 m2) condicionará el tipo de ciudad que será Málaga, de ahí la relevancia de la consulta a los principales afectados por la actuación que finalmente se proyecte y ejecute.
Y lo escribía, porque en esos días, el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Francisco de la Torre, mantenía guardado en un cajón el informe positivo del interventor municipal sobre la posibilidad de hacer dicha consulta ciudadana para definir de manera participativa el destino de los terrenos. De especial interés en los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, y con respecto al proyecto que en su día se diseñó para los terrenos donde se ubicaron los antiguos depósitos del terminal petrolífero de Repsol retirados tiempo atrás.
El PP que gobernaba y continúa gobernando, votó en su día a favor de esta consulta, pero, a continuación, maniobró para conseguir que no se hiciera. Paradójicamente, el Concejal de Participación Ciudadana, cuya función debiera ser estimular la participación, afirmaba que esa figura de consulta no aparecía en el articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El partido Ciudadanos también cuestionó la legalidad de la consulta.
Hay que aclarar que el hecho de que no aparezca no significa que no sea posible y, como indicaba Ángel Sánchez en un artículo publicado el 30 de octubre de 2016 en la Opinión de Málaga: «Es una paradoja que el responsable de participación se desprenda de una figura significativa de participación ciudadana en la gestión municipal y, en la paradoja, concurre que la afirmación la realiza, sin la menor referencia a la legislación local…». En ese artículo, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga incluía argumentos jurídicos de peso que ponían en entredicho la sesgada interpretación del concejal.
También conocíamos estos días, la paradoja de que, en relación a la declaración de BIC para la Farola, fuese precisamente la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, la que anunciase que presentarían alegaciones a esa declaración de BIC. Es irónico que sea la responsable de proteger el patrimonio, la que se manifieste contra esa protección. Y en este caso, vuelve a concurrir un conflicto con otra plataforma ciudadana, Defendamos Nuestro Horizonte, que se opone a la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga, a la que ni el gobierno municipal, ni la autoridad portuaria quieren atender.
La reflexión general que yo en ese momento quise hacer en relación al bosque urbano que se reivindica para Málaga -y que quiero volver a plantear-, era sobre el papel que los políticos deben jugar en la gestión de los bienes comunes y del interés público. El PP ha gobernado y sigue gobernando con un modo de gestión de arriba abajo. Piensan la ciudad que quieren, en base al modelo neoliberal en el que creen. Tutelan a los ciudadanos y dificultan o directamente impiden, que la ciudadanía organizada, cree o diseñe propuestas alternativas y participe activamente en el diseño del espacio que habita.
Por supuesto, cada cual fundamenta su actuación política en un marco conceptual. Yo lo hago en el de la ecología política, y propongo un proyecto «verde» para esos terrenos. Da la casualidad que la propuesta ciudadana en este caso, coincide con mis aspiraciones. Pero asumo, como toda organización política debería hacer, como hace Alianza Verde y otros partidos de la izquierda asamblearia, que hay que facilitar e incorporar todo lo posible, la participación de los vecinos en el rediseño del proyecto. Especialmente, cuando se está comprobando en cada actividad que organiza la Plataforma Bosque Urbano Málaga (BUM), que se van sumando a la petición, mas voluntades de la sociedad civil organizada en asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, sociales y también partidos políticos que sí creen en la participación de los comunes y apoyan su legítima reivindicación.
La historia de este caso comenzó con una petición en la plataforma change.org que sumó muchas firmas. Las suficientes para que acabara surgiendo una sólida Plataforma que entre los pasos que fue dando, acabó acudiendo a sus representantes en el ayuntamiento con una petición alternativa a la inicialmente propuesta en el PGOU de ese momento y no ejecutada.
La plataforma municipalista Málaga Ahora propuso en su día en el pleno esa consulta ciudadana para dar cauce a la participación y fue apoyada por todos los grupos. Fue un pleno con intervenciones de vecinos, profesores de universidad y en el debate se expusieron problemáticas diversas. Se defendió la propuesta del Bosque Urbano, también el proyecto original del ayuntamiento y propuestas alternativas del resto de grupos. Dio la impresión de que se estaba con los ciudadanos, escuchándolos e incorporándolos a la toma de decisiones, explicándoles también los condicionantes previos. Sin embargo, el PP se ocupó de convertir aquello en un espejismo.
Cuando se grita en las manifestaciones el «No nos representan» se está diciendo que, además de votar, en un sistema democrático, hay que posibilitar y canalizar la participación de los representados, cuando estos acuden a sus «representantes».
Y por todo esto afirmaba en aquel artículo que era necesario transitar de modelos de gestión de arriba a abajo, como el que aplica el equipo de gobierno del PP, a los que se nutren de abajo a arriba, -de la raíz a las hojas-, especialmente en entornos urbanos.
No todo lo que se proponga será técnicamente posible, no todo lo que se proponga será legalmente posible; pero tiene que existir la posibilidad de poner en marcha proyectos compartidos que incorporen el poder creativo y la participación de los ciudadanos y los vecinos, aunque voten a partidos distintos.
Así que, a diferencia de la postura del concejal de participación que buscó argumentos legales para limitar la participación que debería defender institucionalmente, todos los «representantes de los ciudadanos» salidos de las urnas, deberían buscar los cauces para que los vecinos puedan expresarse y tomar parte activa en la toma de decisiones sobre lo que les afecta directamente. Resumiendo, los políticos además de defender los marcos conceptuales de gestión que cada cual tiene, respetables, aunque no sean compartidos, deben escuchar a sus representados y trabajar para mejorar los cauces de participación, nunca limitarlos.
Añadí al final una ilustrativa imagen que pude ver en una charla presentada por el arquitecto y profesor Carlos Verdaguer en las jornadas para actualizar los objetivos de la Agenda XXI de nuestra ciudad organizadas por el Observatorio del Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU). Es una figura que representa los dos modelos de intervención que he pretendido traer a colación al criticar la lamentable gestión del PP al negar la participación ciudadana en el caso de los terrenos de Repsol.
Dos Modelos Contrapuestos de Intervención Urbana
Añado ahora a esta reflexión, otra relacionada con la democracia representativa que, en teoría disfrutamos.
Sucede a veces, cuando desde un gobierno local, justificadamente o no, se reducen las partidas del presupuesto municipal dedicadas a la financiación de los grupos municipales para su funcionamiento. Eso significa restringir y limitar el ejercicio de sus funciones, a los representantes legales de los ciudadanos, que accedieron a esa representación vía urnas. Porque es una forma de limitar la capacidad de estos de actuar y controlar la acción de gobierno. Y eso es una manera de entorpecer el funcionamiento democrático de la institución.
Son estas cuestiones, las que van minando y socavando el, a veces viciado, sistema democrático que nos gobierna. Necesitamos procedimientos de deliberación y legitimación colectiva, que abran el debate informado a la ciudadanía y nos pongan en camino de preparar el futuro de la ciudad.