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Garantizar «una atención de calidad y un empleo de calidad». Esta es la columna vertebral de la Ley de Residencias propuesta por Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, para hacer frente a las lagunas detectadas durante la pandemia en el sistema público de atención a las personas mayores y a las personas dependientes.
«Debe ser una prioridad para cualquier gobierno», ha afirmado esta mañana en Cádiz Teresa Rodríguez, candidata de la formación política a la Presidencia de la Junta de Andalucía. «La pandemia ha colocado frente a nuestras caras el bochorno de haber abandonado a las personas en una situación vulnerable de sus vidas al haberlas dejado en manos de los intereses del mercado. La gestión pública es garantía de una atención de calidad y un empleo de calidad», ha añadido, poniendo como ejemplo el reciente caso de la residencia privada Jesús del Gran Poder de Sevilla, clausurada por graves incumplimientos.
«Tras una inspección, la Junta de Andalucía observó un trato degradante contra las personas mayores, incluyendo el amarre a sillas de ruedas y camas. Esto no ocurriría si garantizáramos un sistema que caminara hacia la gestión cien por cien pública de los servicios de dependencia, desde la ayuda a domicilio hasta la asistencia residencial», ha incidido Rodríguez. «Mediante la Ley de Residencias garantizaríamos ratios dignas como la atención de cinco horas a los residentes, como mínimo, a lo largo de cada día. Es decir, dos horas por la mañana, dos por la tarde y otra por la noche», ha detallado, al tiempo que ha recordado que actualmente «estamos lejos de alcanzar esta ratio, tanto en las plazas públicas como en las concertadas y privadas».
Aumentar las inspecciones la y «cooparticipación de las familias»
En esta Ley de Residencias, la formación de Teresa Rodríguez propone incrementar las inspecciones para evitar así «situaciones» como la vivida en la residencia sevillana. Entre otras medidas recogidas en esta ley figurarían el aumento de «la coparticipación de las familias para que puedan entrar en los centros y visitar a los residentes no como si estuvieran en la cárcel, sino como si fueran sus propios hogares» o la limitación máxima de las plazas por centro a 80, evitando la proliferación de los «macrocentros, que las grandes empresas están utilizando para incrementar sus beneficios».
Esto sin olvidar la necesidad de aumentar la autonomía de este colectivo de la población andaluza, reforzando desde el sistema público «los programas de vivienda compartida» y articulando una línea de prestaciones para «que tanto las personas con discapacidad como las personas mayores puedan contratar ellas mismas sus servicios de asistencia personal tal y como establece el artículo 19 de la Convención de la ONU que hemos ratificado como país».
Asimismo, Rodríguez ha querido poner el foco en que «hablar atención a la personas mayores es hablar de conciliación entre la vida familiar y laboral y de bienestar para las mujeres, que tradicionalmente se han encargado de las tareas cuidado de forma invisible e impagada».