El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, y los rectores de las diez universidades públicas andaluzas han defendido la máxima presencialidad posible en la docencia para el curso académico 2021/2022, garantizando todas las condiciones de seguridad en los campus. En una reunión de trabajo mantenida para avanzar en la organización de las clases, Junta y universidades han coincidido, igualmente, en solicitar al Gobierno central actualizar las medidas de prevención frente al covid-19, que fijó el pasado 16 de julio la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad junto con el Ministerio de Universidades.

Velasco ha destacado que «es indiscutible que la presencialidad tiene un valor formativo añadido frente a la docencia en remoto, especialmente en el caso de las prácticas». A su juicio, la educación presencial «es mucho más enriquecedora y cercana, tanto para el alumnado como para el profesorado», de ahí que haya considerado la formación ‘online’ como una medida «excepcional» abordada en una situación extraordinaria de pandemia.

El nuevo curso académico, que comenzará con más de 240.000 estudiantes, estará marcado por la inmunidad tanto del alumnado como de docentes, investigadores y personal de administración y servicios, que suman unas 30.000 personas. Según se desprende de los datos del último Informe de vacunación covid-19 (del 2 de septiembre), elaborado por la Consejería de Salud y Familias en colaboración con el IECA, para el grupo de 18 a 24 años -en edad de cursar estudios universitarios-, el porcentaje de cobertura con una dosis es del 77,6% y del 62,7% para la pauta completa.

El titular de Transformación Económica ha subrayado que esas cifras se verán incrementadas «de forma notable» en la medida en que avance el ritmo de vacunación, lo que, según ha señalado, «permitirá alcanzar la inmunidad de grupo en el menor tiempo posible». No obstante, ha asegurado que las universidades andaluzas deberán continuar manteniendo las medidas preventivas y de seguridad ante la covid-19 recomendadas por las autoridades sanitarias para que sus campus sigan siendo «entornos seguros». En ese contexto, ha matizado que «las actuaciones concretas se adaptarán a los escenarios dibujados por la pandemia, en el caso de que se produjera un agravamiento de la situación, y a la normativa en vigor en cada momento».

Por otro lado, en la reunión de trabajo, la Junta de Andalucía ha ofrecido a los rectores la posibilidad de implantar puntos de vacunación en aquellas universidades que lo soliciten, con el fin de que los estudiantes que por cualquier razón no han podido vacunarse lo hagan y poder lograr así una mayor cobertura y protección de la comunidad universitaria».

Distancia de seguridad y uso de mascarilla para la presencialidad en el curso

Las medidas básicas de prevención establecidas por los ministerios de Sanidad y Universidades y revisadas por la Consejería de Salud y Familias para su aplicación en los centros universitarios son, en su mayoría, las mismas que las adoptadas el pasado curso. En ellas se fija, con carácter general, la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores y en los exteriores, cuando no se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal, que se mantiene en 1,5 metros con carácter general, aunque con la posibilidad de reducirla al 1,2 metros en el interior de las aulas.

Esta guía de recomendaciones se compone de cuatro áreas de actuación atendiendo a todas esas premisas. Un primer bloque está relacionado con la limitación de contactos, con el fin de reducir el riesgo de transmisión del virus. Entre las medidas señaladas en este capítulo, destaca la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de 1,2 metros dentro del aula. También se propone evitar aglomeraciones mediante la regulación de los accesos y el establecimiento de horarios escalonados y señalizaciones. Asimismo, se recomienda que las reuniones de coordinación y otras actividades no docentes se celebren de forma telemática.

El segundo apartado está dedicado a las medidas de prevención personal, entre las que figuran la higiene de manos de forma frecuente y el uso de la mascarilla en todos los espacios del centro, incluidos los abiertos, cuando no se pueda mantener la distancia mínima.

El tercer bloque se centra en la limpieza y ventilación del centro y enfatiza en aspectos como la importancia de la ventilación, preferentemente natural; el establecimiento de un protocolo de limpieza y desinfección en función de la intensidad de uso de las dependencias o la disposición de papeleras para la eliminación de residuos de uso personal (pañuelos, mascarillas…). Igualmente, se prevé que el ejercicio físico se desarrolle en el exterior y, en el caso de que se realice en interiores, se propone el uso adecuado de mascarilla, el aumento de la distancia y la intensificación de la ventilación.

Una cuarta área de actuación aborda la gestión de casos positivos o sospechosos de covid-19. En este caso, no podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con la enfermedad, ni aquellas a las que se les haya diagnosticado y no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido. De igual modo, cuando un miembro de la comunidad universitaria sea diagnosticado de covid-19 deberá informar al responsable covid del centro universitario para que se realice el estudio de contactos. Para facilitar este estudio se recomienda disponer del listado de las personas que se ubiquen en cada espacio y en cada horario.

Al margen de ello, esta guía de medidas plantea que cada centro deberá disponer de un plan de contingencia y, al menos, de una persona responsable para los aspectos relacionados con covid-19, que será interlocutora con los servicios sanitarios. También presta atención a la creación de un equipo Covid-19 formado por representantes del equipo directivo, el personal docente, el personal de administración y servicios, la delegación de alumnos y el servicio de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de estos principios básicos. Por último, se recomienda implementar un canal de comunicación con la comunidad universitaria para la resolución de dudas sobre la implementación de las acciones de prevención.