El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido de manera cautelar la realización de test obligatorios a trabajadores de residencias de mayores, y centros sanitarios y sociosanitarios. El Alto Tribunal andaluz se está convirtiendo en la gran pesadilla del ejecutivo andaluz a la hora de establecer medidas de prevención para evitar contagios por covid-19.

Esta medida por la que se realizaba semanalmente test obligatorios a trabajadores de residencias, acordada por el comité de expertos de la Junta de Andalucía el pasado 18 de agosto, ha sido considerada por Liberum, el colectivo que ha denunciado esta medida, como «discriminatoria, carente de base legal y evidencia científica». El Gobierno andaluz tiene ahora un plazo de tres días de alegaciones. Pasado ese plazo, el Tribunal dictará un auto sobre levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.

Desde Liberum sostienen que este tipo de medidas «fomentan el miedo y el odio en la población».

Según Liberum, estos test obligatorios a trabajadores de residencias «carecen de base científica, y por consiguiente, suponen una coacción o amenaza que fuerza a someterse a un tratamiento invasivo para evitar las represalias, lesionando gravemente los derechos humanos yo fundamentales».

Control de residencias

La Junta solicitará a Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud la obligatoriedad de vacunación para los trabajadores, así como el uso en todo momento de la mascarilla. Además, este mes de septiembre, Salud hará un estudio serológico en las residencias andaluzas con objeto de conocer el nivel de inmunidad de los mayores para así tomar una decisión en cuanto a una hipotética tercera dosis de la vacuna.