El pasado 28 de junio, en la “Mesa de Diálogo Social”, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, las empresariales CEOE y CEPYME, y el Ministerio de Seguridad Social, alcanzaron un principio de acuerdo respecto a la reforma del Sistema Público de Pensiones. Desde el Movimiento Andaluz de la Defensa de las Pensiones Públicas (MADP), han mostrado su rechazo, considerándolo como «una nueva traición a los pensionistas».
Desde el colectivo, recalcan que esta Mesa de Diálogo no ha hecho más que marginar al movimiento de pensionistas de todo el Estado. Manifiestan que los agentes sociales «carecen de la legitimidad para negociar y acordar, con carácter general, lo que a todas luces supone un nuevo paquete de recortes y otros proyectos de privatización de las pensiones públicas». Aseguran que el acuerdo firmado introduce nuevas medidas de recorte de las pensiones. Unos recortes que se harán de manera gradual para «acallar y dividir la oposición del movimiento pensionista».
Una reforma de los pensionistas
De igual forma, afirman que la derogación de la Reforma de las pensiones de 2013 es fruto de la movilización de los pensionistas. Además, pretenden movilizarse una vez que el Factor de Equidad Intergeneracional sustituya al Factor de Sostenibilidad de Rajoy, por ser mecanismos similares. Este último relacionaba la esperanza de vida con las pensiones.
Así, el ministro Escrivá, deslizó el día uno de julio «que la generación baby boom, la más numerosa y la que descuadra el sistema de pensiones, que conforman nueve millones de trabajadores, deberá asumir algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un período concreto de tiempo». Planteaba que podrán «elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más». Ante el revuelo que levantaron estas declaraciones al día siguiente se desdijo argumentando «que se trata de lago aún por definir».
21.000 millones de euros más para las pensiones
Se ha incluido en este acuerdo el compromiso del Estado como garante del Sistema Público de Pensiones. Un aspecto que desde MADP venían demandando. Así, a partir de este acuerdo, se incluirá en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula para transferir todos los años una cuantía del entorno al 2% del PIB, unos 21.000 millones a través de los Presupuestos Generales del Estado para sostener las Pensiones Públicas
«Debe quedar claro que esa transferencia de recursos no es una dádiva, ni debe figurar como préstamo, sino una compensación por los llamados “gastos impropios”, que no deben ser cargados a las cuentas de la Seguridad Social», manifiestan. «Además, esa transferencia no debe ocultar lo ya recogido en el artículo 109 de la Ley de Seguridad Social que obliga a transferencias (no préstamos) a la SS siempre que sus ingresos no sean suficientes».
Indican desde la asociación que se han dejado asuntos pendientes de concretar, como como la equiparación del derecho de viudedad de las parejas de hecho a los matrimonios civiles, la regulación de las cotizaciones de los becarios, las medidas para eliminar la brecha de género de las pensiones o la cotización de los autónomos. Tachan de «inconcebible» que se retrase la edad de jubilación, teniendo a la juventud en paro o precarizada.
Penalización de la jubilación anticipada
Asimismo, consideran «muy negativo que el acuerdo penalice la jubilación anticipada a personas con más de 40 años de cotización de hasta un 21% e incentive con un ingreso a quienes retrasen su jubilación por cada año que lo hagan». Además, la elaboración de una nueva fórmula para rebajar pensiones futuras (Factor Equidad Intergeneracional) es tachada de aspecto negativo también.
«Lamentamos la falta de acuerdo para el incremento de las miserables pensiones mínimas contributivas y no contributivas actuales, que están muy lejos aún de las recomendaciones de la Carta Social Europea (60% del salario medio)», cuentan desde MADP.
Movimiento Andaluz de Defensa de las Pensiones ha conseguido aplazar la Reforma de las Pensiones de Escrivá hasta 2022. De esta forma, se dificulta la privatización deseada por los Fondos de Inversión Financieros. «Escrivá sigue empeñado en crear fondos de pensiones de promoción pública a través de la negociación colectiva, los famosos PPEs, y en ampliar el computo para el cálculo de la pensión de los 25 a los 35 años».
«Esta es una batalla que afecta a toda la sociedad, y a la que no renunciamos», concluyen desde MADP.