Asociaciones del taxi rural denuncian su disconformidad con las modificaciones del Reglamento de los Servicios de Transporte Público en Automóviles de Turismo de la Junta de Andalucía
La Asociación de Empresarios del Taxi Rural de Sevilla, la Asociación del Taxi Rural de los Pueblos de Córdoba, integradas en UPTA Andalucía y la Unión de Asociaciones de Taxistas Andaluces (UATA), han trasladado a UPTA Andalucía su disconformidad con las modificaciones introducidas en el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo de la Junta de Andalucía el pasado febrero al no haber tenido en cuenta la realidad de este sector.
Para estas asociaciones, es excesiva la obligación de exigir taxímetros para municipios de más de 10.000 habitantes y no alcanzar hasta los 50.000 como ocurre en otras regiones. Además, denuncian que sean los Ayuntamientos los que establezcan o no la dispensa. La realidad del taxi rural, es que el 99% de los servicios que realizan se hacen previo acuerdo de la tarifa completa, ya que no es habitual utilizar este servicio dentro del municipio. Por ello, dicen, el taxímetro es innecesario
Los principales clientes de los taxis rurales son personas mayores o sometidas a tratamientos hospitalarios para traslados a los centros médicos. Es por ello que los servicios que prestan son esenciales y de un alto valor y carácter social.
Esta nueva obligación, impone a estos trabajadores y trabajadoras autónomos tener que asumir inversiones importantes para adaptar los vehículos incorporando taxímetros que no van a utilizar.
Propuestas de las asociaciones del taxi rural
Para estas asociaciones, resultaría más práctico y más ajustado a la realidad, establecer esta obligación a municipios de más de 50.000 habitantes. La decisión para los municipios con menos población que ésta, dicen, dejarla en manos de los Ayuntamientos. Así, el Ayuntamiento establecería su obligatoriedad o no en función de la realidad del territorio. Puede darse el caso, que aunque tengan una población inferior incluso a 5.000 habitantes, sea adecuado que se instalen taxímetros. Por el contrario, puede ocurrir que en municipios con mucha más población de 10.000 habitantes no sea necesario. Esto es debido a que por sus características no se realizan carreras en el mismo municipio, sólo servicios fuera de la localidad bajo precio cerrado.
Para UPTA Andalucía considera adecuado y necesario que se produjese esta revisión y adaptar la normativa vigente a la realidad del taxi rural. Consideran que presta un servicio de vital importancia en estos entornos. Además, insisten, existe margen legal para así adaptar a la realidad la legislación y hacerla más flexible y coherente con el reto demográfico.