La Junta impulsará un conjunto de medidas desde distintos ámbitos para facilitar la transición de los jóvenes andaluces a la vida adulta
La tasa de emancipación de los jóvenes andaluces entre 16 y 29 años en Andalucía disminuyó hasta situarse en un 15,9% en el cuarto trimestre de 2019. En el primer semestre de 2020, dicha tasa bajó hasta un 14%, situándose como la más baja de todas las comunidades autónomas.
Atendiendo a estas cifras, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Secretaría General de Familias, ha presentado un estudio sobre la emancipación de los jóvenes en Andalucía realizado por la Universidad Loyola y la Fundación Don Bosco. En el acto también ha participado la Secretaría General de Ordenación de la Formación de la Consejería de Empleo. Este proyecto se encuadra dentro del diagnóstico sobre la emancipación de los jóvenes que se lleva a cabo en el marco de la formulación del Plan de Familias de Andalucía 2020-2025.
El Plan de Familias, que está en sus últimas fases de tramitación previas a su aprobación por el Consejo de Gobierno, dedica dos objetivos estratégicos y un total de seis objetivos operativos a medidas cuyo fin pasa por favorecer la emancipación económica y residencial de los jóvenes andaluces.
La formación de la familia es una etapa clave en el proceso de transición a la vida adulta de las personas jóvenes, quienes, dependiendo del contexto individual, cultural, institucional y económico, afrontan con diferentes estrategias la formación de la pareja y la llegada de los hijos.
Instituto Andaluz de la Juventud
La Secretaría General de Familias ha abierto una línea de trabajo y colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a la que está adscrito el Instituto Andaluz de la Juventud. La finalidad es la de coordinar las actuaciones que ambos centros directivos impulsen y desarrollen en esta materia. Un ejemplo de ello es el Plan Estratégico de la Juventud de Andalucía. Este plan contempla tres ejes estratégicos relacionados con el empleo, la formación y la emancipación juvenil. Su objetivo es aumentar las tasas de emancipación en jóvenes andaluces de 16 a 29 y de 30 a 34 años y mejorar su acceso a la vivienda.
Se trata de una colaboración entre las consejerías de Salud y Empleo para trabajar en medidas que necesitan ser abordadas desde esa perspectiva transversal. Esto es, junto con otras administraciones y demás agentes relacionados con las políticas de juventud.
El informe se ha presentado en el campus de Sevilla de la Universidad Loyola. En él se aborda el análisis de las medidas implementadas por el resto de comunidades autónomas y los países europeos de nuestro entorno. Dichas medidas están diseñadas para favorecer la emancipación de la población joven, identificando las más eficientes y los ejes de su éxito, con el objetivo de valorar su posible transferibilidad.
Seis recomendaciones de actuación
Entre las actuaciones que se pueden implementar para facilitar la emancipación destaca reforzar la transversalidad de las políticas de juventud sobre emancipación. Así lo harán la Consejería de Salud y Familias y la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
En segundo lugar, reforzar las políticas destinadas a dinamizar el empleo joven y erradicar la precariedad laboral. Analizar las causas que dificultan el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, planteando propuestas que faciliten el itinerario laboral.
En tercer lugar, reforzar la educación y la formación profesional como elemento clave para conseguir la emancipación efectiva. Para esto son importantes, por ejemplo, acciones formativas para los jóvenes que amplíen y completen las que se desarrollan en la formación reglada.
En cuarto lugar, reforzar la ayuda al alquiler y/o compra o adquisición de vivienda. Para ello, ayudarían medidas como incrementar el parque público de vivienda, con reserva específica para vivienda joven.
En quinto lugar, abordar una correcta implementación de las posibilidades ofrecidas desde la Unión Europea. Esta se ha centrado en la educación y el empleo como motores de la emancipación. Algo que se ha hecho con programas como Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Marie Curie y el Plan de Garantía Juvenil. Esta última iniciativa va dirigida a jóvenes que busquen empleo y que no se encuentren en situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena.
En sexto lugar, consolidar acciones llevadas a cabo en distintos ámbitos con repercusión directa o indirecta en la eficacia de la emancipación. Por ejemplo en Salud, con la promoción coordinada de estilos de vida saludables entre las personas jóvenes, prevención de adicciones y favorecer la práctica deportiva.
Los responsables del estudio
El equipo investigador, que desarrolló el estudio entre octubre y diciembre de 2020, lo componen Carmen Garcia Ruiz, Isabel Maravall Buckwalter y Miguel Romero Velasco.
Carmen García Ruiz es vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola, donde también imparte docencia en grado y máster. Doctorada Europea en Derecho por la Universidad de Huelva, y ha realizado estancias de investigación en Harvard Law School, Instituto Universitario Europeo de Florencia, Universidad de Paris II. También forma parte de diferentes grupos y proyectos de investigación.
Por su parte, Isabel Maravall Buckwalter es doctorada en Derecho Internacional Público con mención internacional, cum laude. Ha realizado un Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, en la Universidad de Valencia y el Masters in International Human Rights Law, en la Universidad de Oxford. También ha desempeñado diversas prácticas en organismos e instituciones en el campo de los Derechos Humanos y participa en diferentes estudios y grupos de investigación.
Finalmente, Miguel Romero Velasco es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola. Es Doctor y Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba. Ha desarrollado su investigación en el Área de Derecho Civil, fundamentalmente en Política Agraria y sus implicaciones registrales y catastrales. En la actualidad continúa y completa estas líneas de investigación sobre los medios alternativos de resolución de conflictos y sobre responsabilidad civil. Igualmente, trabaja sobre comparativa jurídica internacional.
