Investigadores posdoctorales andaluces beneficiarios de los contratos de recualificación Margarita Salas han decidido coordinarse para denunciar la «interpretación arbitraria» de estas ayudas por parte de los rectores de varias de las universidades públicas que las ofrecen. Parte de los afectados de este colectivo han sido quienes, coordinados por Adrián González Guzmán, investigador posdoctoral de la Universidad de Córdoba, han alzado la voz para reclamar unas «condiciones laborales justas y dignas».

Explican que estas ayudas suponían «una oportunidad inigualable para los jóvenes doctores para la realización de estancias de dos o tres años en centros españoles o extranjeros», pero que, sin embargo, y en contra de su propósito inicial, «los rectores andaluces y sus equipos de gobierno interpretaron la convocatoria oficial del Ministerio de Universidades (Real Decreto 289/2021, de 20 de abril) de forma arbitraria, perjudicando los derechos laborales de los investigadores». De hecho, señalan que ya «han provocado la renuncia de varios investigadores por las malas condiciones laborales, fomentando aún más la fuga de cerebros que sufre nuestro país en general y nuestra comunidad autónoma en particular».

Trabajadores «a coste cero»

Estos investigadores andaluces reconocen que, aunque esta convocatoria «era atractiva para la retención del talento y la formación de doctores, se ha convertido en un anzuelo para conseguir trabajadores cualificados a coste cero». A pesar de haber intentado entablar diálogo con los respectivos Vicerrectores de Investigación de cada universidad andaluza, en la mayoría de los casos, «o no han recibido respuesta, o las universidades no revierten esta situación».

Uno de los aspectos que destacan como «más indignantes e injustos para los afectados» es la deducción de la cuota patronal de las ayudas percibidas, que según dicen, «representa el 30% de su salario». Las convocatorias del Ministerio y Universidades Andaluzas ofrecían salarios brutos, pero había una cláusula que reflejaba que «los investigadores pagaríamos la cuota empresarial», es decir, «lo que abona la empresa a la Seguridad Social por su trabajador».

La denuncia representa a gran parte del colectivo afectado

Los investigadores posdoctorales andaluces que se han organizado para denunciar esta situación pertenecen a las universidades de Córdoba, Sevilla, Jaén, Huelva y Granada. Según ha podido saber este periódico tras consultar a una fuente de este colectivo, los investigadores andaluces que permanecen en esta misma situación en las universidades públicas de Almería, y Cádiz, así como en la Pablo Olavide de Sevilla, no han querido unirse a la denuncia. Aquellos que sí lo han hecho reconocen que «hay universidades que sirven de buen ejemplo y que realizan los procedimientos correctamente como la Universidad de Salamanca, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III o la Universidad de Cantabria», las cuales «han respetado el bruto de la convocatoria del Ministerio de Universidades, o al menos han compensado los salarios de sus investigadores mediante ayudas propias o reduciendo las retenciones de IRPF para aquellos que realizan su labor en el extranjero».

Se anulan los complementos por antigüedad

Otro aspecto importante, explican estos posdoctorales andaluces, es que, «pese a existir una sentencia del TSJA a favor de los investigadores, estas universidades no están pagando los complementos por antigüedad». De esta forma, personas que antes de ser beneficiarias de este programa «cobraban los trienios, al cambiar de contrato han dejado de cobrarlos». Lo mismo ocurre, según explican, con las subidas salariales a los empleados públicos, que tampoco «las están percibiendo». 

Provoca situaciones insostenibles

La situación, como explican desde el colectivo, es preocupante, puesto que «el detrimento en los salarios de los investigadores del programa posdoctoral Margarita Salas provoca que investigadores de entre 30 y 40 años se vean obligados a compartir piso, recurrir a sus ahorros o a ayudas familiares temporales». Las consecuencias son especialmente delicadas para «aquellos que han realizado parte de sus contratos en centros de investigación de alto prestigio internacional localizados en países con una renta alta», aseguran, ya que «en estos países un investigador de la misma categoría profesional podría cobrar más del doble que los investigadores Margarita Salas».

Corregir la situación con «carácter retroactivo»

Por todos los motivos expuestos, los afectados reclaman al consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos «y a los rectores/as de cada universidad andaluza», que aborden la situación «con urgencia». Piden además que «se les abone la cuota patronal, los complementos por antigüedad y las subidas salariales correspondientes con carácter retroactivo», y que «haya una transparencia en las siguientes convocatorias». Consideran que «cuando un empleador ofrece un salario bruto no se le incluye la cuota que debe pagar la empresa».

El programa Margarita Salas, parte del Plan de Recuperación del Gobierno

La convocatoria «Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores» fue convocada en el marco de las ayudas para la recualificación del sistema universitario español 2021-2023, planificadas por el Ministerio de Universidades y enmarcadas a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, presentado por el Gobierno el 7 de octubre de 2020. Su objetivo, canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19. En el caso de la Universidad de Sevilla, por ejemplo, el Ministerio de Universidades subvencionó a la institución con un presupuesto de 16,8 millones a repartir en tres años para la concesión de un mínimo de 116 ayudas en forma de varios programas: el de Margarita Salas para la recualificación posdoctoral, el María Zambrano para la atracción de talento internacional y otro para la recualificación del profesorado universitario funcionario o contratado mediante la movilidad del personal.

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