- Las universidades públicas aun echan en falta más financiación
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La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta pone a disposición de los rectores una partida adicional y consolidable superior a los de 21 millones de euros para mejorar la financiación del sistema público de las universidades andaluzas. Este ofrecimiento se ha realizado en el marco de las negociaciones que el Ejecutivo autonómico viene manteniendo con los máximos responsables de las diez instituciones académicas en su voluntad de poder cerrar un acuerdo satisfactorio en esta materia.
Esta cuantía está prevista que se haga efectiva una vez que las universidades abonen en el mes de marzo los pagos derivados de los acuerdos económicos en materia de personal adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa General de negociación de las universidades públicas andaluzas. Esos acuerdos hacen referencia tanto al pago de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) como a los compromisos adquiridos con el Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).
Las universidades dispondrán de «recursos suficientes»
De este modo, y una vez finalizada la evaluación de los complementos autonómicos y cuantificado definitivamente el coste del pago del 50% del quinto tramo del PTGAS, las universidades dispondrán de «recursos suficientes» para afrontar el coste de ambas circunstancias, según la Junta. Asimismo, se destaca el hecho de que, en cumplimiento de los citados acuerdos, las universidades deberán desplegar la carrera horizontal y realizar la evaluación del desempeño del PTGAS a lo largo del presente año, de cuyo coste tan solo hay una estimación inicial.
La Consejería de Universidad pone de manifiesto que se mantendrá abierto el diálogo con los rectores en lo que respecta al resto de cuestiones pendientes que afectan al ámbito universitario, entre las que destaca el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al pago de quinquenios y sexenios al personal laboral temporal de las instituciones académicas públicas.