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El Pleno del Parlamento andaluz aprueba el presupuesto de la comunidad para 2025, que asciende a 48.871,6 millones de euros. El presupuesto cuenta con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PP-A, mientras que los cuatro grupos de la oposición lo han rechazado.
Al presupuesto se han incorporado casi un centenar de enmiendas de todos los grupos. El PP-A presentó 48 enmiendas, todas incorporadas, a las que se suman otra treintena más de la oposición, la mayoría de Vox.
El Presupuesto para 2025 crece más de un cuatro por ciento, respecto al del presente ejercicio. Las políticas sociales es el ámbito que más crece, dado que se destinan 1.666 millones de euros a estas partidas. Ocho de cada diez euros de lo que crece el presupuesto en 2025 se destinarán a Educación, Sanidad o Dependencia.
«El aumento de la recaudación permite que más de tres cuartas partes del gasto del presupuesto se sustente con recursos propios», según la Junta. El gasto financiero desciende en un 4,4% y el endeudamiento neto en un 47,4%. Las transferencias y los ingresos del Estado representan el 16,3%, incluidos 1.391 millones correspondientes al MRR (Next Generation).
Más de 800 millones se destinan para facilitar el acceso a la vivienda a los andaluces. En la cifra se incluyen las partidas de la Consejería de Vivienda y el impacto del Plan Fiscal de la Vivienda, que incluye rebajas fiscales y deducciones de IRPF tanto para compra como para alquiler.
Los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica alcanzarán los 28.540 millones, un 3,7% más, subiendo por debajo de lo que crece el conjunto de ingresos.
El Presupuesto «histórico» andaluz
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, señala que estas cuentas «dan estabilidad económica». La consejera confía en que «Andalucía seguirá avanzando y transformándose».
El Partido Popular andaluz subraya que son unos presupuestos «históricos», con la mayor dotación de la historia de la autonomía para los servicios públicos esenciales. Sin embargo, la oposición insiste en que no responden a problemas como la sanidad pública.