El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha alcanzado el 7,8% en Andalucía durante el mes de febrero, dos décimas más que la media nacional, según los datos que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más alta desde el año 1986, originada por la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, que alcanza este viernes su décimo quinto día y del que, parece, se va a prolongar durante semanas e incluso meses.

La economía andaluza finaliza el segundo mes del año con un nuevo repunte de precios de 0,9 puntos con respecto al nivel alcanzado en enero, una décima por encima del incremento experimentado en el conjunto del Estado (0,8%). Así, Andalucía eleva su tasa interanual de inflación hasta el 7,8%, dos décimas más que la estatal (7,6%) y lo que es más alarmante, 1,6 puntos superior a la que se registrara el mes pasado (6,2%), manteniendo el nivel general de precios en unos niveles insostenibles que precisa de intervención inmediata.

Esta estratosférica subida del IPC ha provocado que algunas entidades comiencen a moverse y a solicitar a las administraciones acciones urgentes para paliar el golpe a los bolsillos de los ciudadanos. Es el caso de UGT Andalucía que, ante la situación «insostenible y no coyuntural» que está viviendo la nación, ha abogado por «intervenir los precios».

Mayor ascenso del IPC en Andalucía desde 1986

En definitiva, los precios, lejos de corroborar el descenso del mes pasado, han vuelto a verse incrementados e incluso elevando el ritmo de crecimiento de los mismos. Una interanual como la alcanzada en este inicio de 2022 no se registraba desde diciembre de 1986. Es decir, nos situamos en los valores más altos de los últimos casi cuarenta años.

Por todo ello, desde UGT-A, ha apostado por acabar «contra la opacidad del mercado eléctrico, de reducir la dependencia energética de nuestra economía y de asegurar un precio de los alimentos asequible para el conjunto de la ciudadanía».

A su vez, el sindicato en Andalucía aboga «por incrementar los salarios; por salvaguardar el poder de compra de las retribuciones de los trabajadores; por mejorar la cuantía de las prestaciones por desempleo y de las pensiones no contributivas; así como por continuar elevando el SMI hasta lo firmado en la Carta Social Europea, es decir, el 60% del Salario Medio Estatal».

«El Ejecutivo Central y la Unión Europea tienen que pasar a la acción de manera decidida y contundente e intervenir, desde lo público, contra la actual espiral inflacionista. No se trata de escoger entre intervencionismo o neoliberalismo, no es una cuestión de nombres sino de justicia social. Lo que tienen que decidir las autoridades públicas es si ayudan a las economías domésticas o continúan permitiendo el empobrecimiento masivo y la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora», cierra el sindicato.