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La portavoz de la coalición de izquierda Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha denunciado este lunes que la Junta trabaja en una normativa para «privatizar la atención primaria» en Andalucía, y ha solicitado la comparecencia en sede parlamentaria de Catalina García Carrasco, Consejera de Salud y Consumo.
Según ha transmitido en declaraciones a los medios de comunicación, la norma, elaborada por la Consejería de Salud y Consumo, da luz verde para que empresas privadas «utilicen» los hospitales públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para realizar pruebas u operaciones «concertadas» con la sanidad pública.
«El Partido Popular y Moreno Bonilla se quitan la careta» ha declarado Nieto, asegurando que «si llega a aprobarse esta orden, queda muy clara su intención respecto a la sanidad pública andaluza, que no es otra que privatizarla, como ocurre con el PP siempre que gobierna en mayoría absoluta». Ha advertido, además de que «las repercusiones de estos cambios», como la «privatización de la Atención Primaria» son «inéditas en Andalucía, pero no en otras comunidades», poniendo como ejemplo la situación de la Comunidad de Madrid.
Solicitud de comparecencia a la Consejería de Salud
«Ante la gravedad de las intenciones del gobierno de Moreno de permitir que las empresas privadas hagan negocio en nuestros propios hospitales» ha señalado, «hemos solicitado la comparecencia de la consejera, y esperamos que en el próximo pleno dé cumplida explicación de los pormenores de esta orden en proyecto». Ha asegurado, además, que desde Por Andalucía no van a «cansarse» de insistir en que no llegue a ser una orden aprobada», insistiendo en que, en lugar de «abrir vías de negocio privado», aprovechen los medios de que disponen para «fortalecerla».
El SAS responde: «En Andalucía no se va a producir ningún tipo de privatización»
El Servicio Andaluz Sanitario, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, ha respondido al comunicado de Por Andalucía afirmando que «En Andalucía no se va a producir ningún tipo de privatización en los centros sanitarios públicos, ni Atención Primaria ni Hospitalaria».
Según ha querido explicar, el nuevo proyecto es «una modificación de una orden que ya existía con los gobiernos andaluces del PSOE» sobre «el orden de tarifación para concertación de asistencia sanitaria», que, han señalado, «mejora al derogado de 1998», y que «aporta otros beneficios». Entre dichos beneficios, aclaran, figura «un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en la Comunidad autónoma de Andalucía». Además, aseguran que la nueva modificación «contempla todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario (incluidas todo tipo de consultas, tanto de Atención Primaria como especializada)».
Por último, defienden que «tener prevista una norma es obligación de toda Administración» porque «es una señal inequívoca de previsión para cualquier tipo de contingencia, como pandemias o situaciones de catástrofe».