- El juez cita a la gerente del SAS y sus dos antecesores tras la querella del PSOE-A por contratos sanitarios
- La Junta ve como un «mero trámite» la citación judicial de la gerente del SAS
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y al Gobierno andaluz del PP-A a que «dejen de intentar, ante la opinión pública, minimizar» el caso de presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por procedimiento de emergencia tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla de citar a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
En concreto, el citado juzgado de Sevilla ha acordado estas citaciones mediante un auto fechado el pasado martes, 12 de noviembre, tras la querella registrada por la treintena de diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por «posibles irregularidades» en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.
El juez que firma el auto acuerda citar a estos tres gerentes del SAS de la etapa 2021-2024 «para que comparezcan» ante dicho juzgado de Sevilla «en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024 al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como darles traslado del escrito de querella y ampliación mediante copia de las mismas y demás diligencias practicadas, acordándose su declaración en un momento posterior».
Además, en otra providencia fechada este pasado miércoles, 13 de noviembre, el mismo juzgado ha acordado la práctica de una serie de diligencias interesadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, entre las que figura «que se requiera al Servicio Andaluz de Salud para que aporte en el plazo de un mes de forma sistemática y en soporte digital los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia por su Servicio Central en el periodo 2021-2023 en el ámbito del artículo 9 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo».
Asuntos «muy graves»
En declaraciones a los medios, el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Juan Espadas, se ha hecho eco de estas decisiones judiciales y ha emplazado al Ejecutivo del PP-A a dejar de «convertir» ante la opinión pública «este caso en algo menor o asunto administrativo», cuando «lo que se deduce del pronunciamiento tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del propio Juzgado de Instrucción es que estamos ante una investigación judicial sobre asuntos muy graves que, sin duda, va a ir avanzando de forma clara y definitiva en las próximas semanas», ha subrayado el dirigente socialista.
Espadas ha valorado igualmente que el juzgado haya acordado admitir a trámite la solicitud de ampliación de querella presentada por los parlamentarios del PSOE-A este mismo mes de noviembre «al detectar que el abuso en la contratación de emergencia» por parte del SAS que los socialistas denuncian que se produjo «durante los años 2022 y 2023», se «ha seguido produciendo durante el año 2024» mediante «adjudicaciones» y «resoluciones de la actual Gerencia del SAS, al menos en nueve ocasiones que tengamos conocimiento».
«Por tanto, se ha seguido con ese ‘modus operandi’ de contratación a dedo a empresas sanitarias al margen de la normativa y del procedimiento de contratación pública», ha subrayado Juan Espadas, que también ha valorado los requerimientos que hace el juzgado a la Junta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, «personada» también en el caso, tras lo que ha resaltado, en una atención a medios en el Parlamento, que «la investigación judicial continúa» y «se amplía al actual Gobierno andaluz y a la actual Gerencia del SAS».
En esa línea, ha enfatizado que «no estamos hablando ya de gerentes ya cesados, sino de la actual gerente» y de «unos hechos que nos parecen de especial gravedad», porque denotan, en su opinión, que el Gobierno andaluz volvió «a mentir» cuando, en la «primavera» de 2023, y tras denunciar los socialistas que la Junta «estaba abusando de esa contratación de emergencia sin una razón o justificación legal suficiente», anunció a través de su entonces consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, que «dejarían de hacerlo de manera inmediata».
Acusa a la Junta de «ocultar» un informe de fiscalización
De igual modo, Espadas ha llamado la atención acerca de que el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción aludan al requerir documentación a la Junta al «informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencias 2022-2023», que está fechado a 30 de julio de este año 2024, según ha puesto de relieve el líder socialista, que ha denunciado que el Gobierno andaluz «ha ocultado» ese documento «a la opinión pública».
Según ha abundado, dicho informe viene a «ratificar punto por punto» la querella socialista y constituye «un pronunciamiento desfavorable, categórico, negativo a la posibilidad de ese abuso en la contratación de emergencia a través de adendas, prórrogas cuando no se daban ya ningún tipo de circunstancias» vinculadas a la pandemia de Covid-19 «que autorizaran ese uso excepcional, a dedo», de dicho procedimiento.
Así las cosas, Espadas ha emplazado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que, una vez que atienda «la emergencia por la DANA» que afecta actualmente a Andalucía, «comparezca ante el Parlamento y explique él personalmente si conocía efectivamente, y nos ha ocultado, que han seguido utilizando esa contratación de emergencia durante 2024, y si desde el 30 de julio le había dado conocimiento su consejera de Hacienda de ese informe de control financiero permanente que avala efectivamente lo que hemos denunciado».
Espadas ha sostenido que, desde en octubre informaron desde el PSOE-A «a la opinión pública» de que habían presentado «denuncia ante los tribunales» por este caso y ésta «se había admitido a trámite», ha habido «tiempo suficiente» por parte del Gobierno andaluz «para dar explicaciones, en vez de intentar hablar de denuncia política» o de «causa ‘fake'», como este mismo miércoles venía a manifestar la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo, Carolina España.
«Escuchar al presidente de la Junta»
De esta manera, el representante del PSOE-A ha pedido que, «cuando haya lugar», desde el Gobierno andaluz se den «explicaciones en sede parlamentaria sobre la ocultación de una información de interés y relevancia» como el citado de fecha del 30 de julio.
Espadas ha sostenido que «la fase de investigación judicial es determinante para la depuración de responsabilidades» a que «hubiera lugar», y ha subrayado que, «en el ámbito político, lo primero» que quiere es «escuchar al presidente de la Junta», así como ha considerado que «la consejera actual de Salud», Rocío Hernández, «tendrá que explicar por qué su directora gerente ha firmado esas resoluciones», y Juanma Moreno «tiene que explicar por qué se firmaron las anteriores», sobre contratos de 2022 y 2023, «y las actuales».
Ha agregado que en este caso «ya no hay sólo una cuestión denunciable», sino de «ocultación política» y «negación de la gravedad de los hechos», y ha concluido insistiendo en pedir al presidente de la Junta «una explicación cuando termine toda esta situación de emergencia climática o meteorológica y, desde luego, los efectos de la DANA», que ahora mismo es «lo principal», según ha zanjado Juan Espadas.