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Teresa Ribera se encuentra entre el genuino pacto europeo y la España cainita. Este martes, la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España se ha sometido a examen ante el Parlamento Europeo (PE) con el fin de que la Eurocámara evalúe su idoneidad para el puesto propuesto por la presidenta de la Comisión como vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva.
En tal audiencia, la aspirante a una de las carteras más importantes de la UE, no pudo escapar a las preguntas sobre la gestión de la DANA que ha arrasado gran parte de la Comunidad Valenciana, La Mancha y Andalucía, ya que el Partido Popular Europeo, instado por sus miembros españoles, ha pedido aplazar el veredicto hasta que Ribera comparezca en el Congreso de los Diputados. Por desgracia, literalmente, se están pasando los muertos unos a otros. Se quiere la cabeza del presidente valenciano Mazón, pero también la de alguien del PSOE y Teresa Ribera parece ser la opción perfecta. Mientras, la población española roza la desafección política mayor de su historia.
La DANA podría anular a Teresa Ribera
Que un miembro del PP europeo, como Úrsula von der Leyen, asigne a Teresa Ribera, eurodiputada del PSOE en el PE, como vicepresidenta ejecutiva, es un gesto de moderación que en España no se entiende. Aún menos en plena crisis social y política arrastradas por lluvias torrenciales. Por mucho que se empeñe el PP español en trasladar la crispación nacional a Bruselas es muy probable que el resto del grupo parlamentario europeo se centre en las competencias y habilidades de la aspirante a la cartera de Competencia, más que en su cuestionada gestión en España.
¿Por qué? Recordemos que Ursula von der Leyen fue reelegida presidenta de la Comisión avalada por 401 votos secretos de los eurodiputados. Muy presumiblemente, provenientes de las clásicas familias políticas europeas (Populares, Socialdemócratas y Liberales), y algún que otro apoyo de extrema derecha y, quizás, de los Verdes. Nunca lo sabremos. Lo que sí podemos constatar es que el Colegio de comisarios (ministros de la UE), trascienden sus siglas políticas y comulgan con los equilibrios entre diversos partidos. Algo que brilla por su ausencia en un espectáculo esperpéntico entre populares y socialistas en España.
En la UE reina el Pacto de Estabilidad
Si nos remontamos a 2014 podremos comprobar que, muy a pesar de los intentos de los socialistas españoles en el PE para que Miguel Arias Cañete fuese vetado como comisario de Energía y Cambio Climático en el Ejecutivo comunitario de Jean-Claude Juncker, el pacto entre sociademócratas y populares que dio la presidencia a Juncker primó por encima de todo.
El grupo Socialdemócrata europeo desoyó los argumentos de los socialistas españoles abanderados por Iratxe García que apuntaban a declaraciones machistas, relaciones endogámicas con grandes petroleras o la ineficiencia de la política de Arias Cañete en materia medioambiental cuando era ministro de agricultura con Rajoy. El consenso superó las rencillas nacionales. En esta ocasión, el pronóstico es que serán los populares quienes desoirán a sus compañeros españoles.
Lucha contra el cambio climático
En relación a las inundaciones en Valencia, varios eurodiputados preguntaron cómo planea Ribera mejorar la capacidad de Europa de prepararse ante los crecientes riesgos asociados al clima. La candidata subrayó la necesidad de hacer más y mejor para reforzar la resiliencia de la UE ante episodios climáticos extremos, incluidos los sistemas de alerta temprana y la capacidad de respuesta, y prometió un nuevo Plan europeo de adaptación climática. También se comprometió a situar la resiliencia hídrica como prioridad.
Ribera anunció que seguirá trabajando para la aplicación de los objetivos climáticos y energéticos para 2030, así como a establecer objetivos ambiciosos para 2040 para reducir las emisiones de efecto invernadero para que la UE sea neutral desde el punto de vista del carbono a mitad de siglo.
Una transición limpia y justa
La candidata a vicepresidenta de la Comisión pidió apoyo para la descarbonización de la industria, impulsando una transición justa que incluya el acceso a la vivienda y el empleo de calidad, y capitalizando los beneficios de la transición verde y digital.
Los eurodiputados preguntaron a Ribera por el papel de la energía nuclear en la política europea. La candidata insistió en que la elección de la combinación energética es una prerrogativa de las autoridades nacionales. Sobre la industria del automóvil y sus objetivos de descarbonización, la candidata se mostró partidaria de trabajar con el sector para asegurar que logra la transición. También se comprometió a abordar la cuestión del apoyo a las subcontratas del motor.
Un nuevo enfoque de la política de competencia
La candidata a la vicepresidencia de la Comisión apostó por una reforma que permita acelerar la aplicación de las reglas de competencia, simplificar el marco normativo sobre ayudas de Estado y restringir las adquisiciones que frenan la innovación. Ribera se mostró de acuerdo en que hay margen para responder mejor a las tácticas abusivas de incremento de precios y, en cierta medida, a la crisis de la vivienda.
Los eurodiputados preguntaron qué hará Teresa Ribera para garantizar la predictibilidad de las reglas de competencia. La examinada recalcó que la Comisión debe contar con los poderes para aplicar mejor la Ley de Mercados Digitales. Entre sus prioridades, dejó claro que se centrará en los peores infractores de la legislación de competencia y en apoyar la transición verde.
Próximos pasos
Los presidentes de las tres comisiones responsables (Medio Ambiente, Asuntos Económicos e Industria) y los coordinadores de los grupos políticos en dichas comisiones se reunirán sin dilación tras la audiencia para evaluar la candidatura de Ribera y decidir si está cualificada para formar parte del Colegio de comisarios y para desempeñar las funciones concretas que se le han asignado.
Cuando finalicen todas las audiencias, la Conferencia de Presidentes del PE (que reúne a la presidenta de la Eurocámara Roberta Metsola y los líderes de los grupos políticos) debe dar por concluido el proceso, en principio, el 21 de noviembre. Momento en el que se harán públicas las cartas de evaluación.