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Ursula von der Leyen aboga por una gestión de la inmigración fuera de la UE. Esta afirmación siempre sobrevoló su coqueteo con la extrema derecha de Giorgia Meloni antes de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, pero proponer la construcción de centros de acogida en países terceros de forma tan expresa ha sido una desagradable sorpresa para quienes revalidaron su mandato en la Eurocámara y en el Consejo Europeo que ha tenido lugar esta semana en Bruselas.
El equilibrio entre solidaridad, derechos humanos e inmigración irregular en la UE se hace cada vez más difícil, socavando la confianza entre Estados que han llegado preocupantemente divididos en sus posiciones con respecto a esta realidad que no deja de ser un intento lícito del ser humano por vivir mejor y, en muchos casos, sobrevivir. A todo ello, hay que sumar que el último barómetro del CIS de septiembre de 2024 recoge que la mayor preocupación de los españoles es la inmigración.
Bloques, inmigración y UE
A pesar de que en el orden del día del Consejo Europeo de esta semana la inmigración era un asunto primordial, de forma paralela y previa al encuentro, en torno a la figura de la primera ministra italiana, y en presencia de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha producido un polémico meeting centrado en el tema que nos ocupa. Por un lado, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Chipre, Grecia, Malta, la República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría defienden una postura dura y extrema en la que la existencia de centros de refugiados en terceros países es básica. En el otro extremo, España,
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza de pleno estas medidas y desde el Ejecutivo se asegura que «España seguirá apostando por la aplicación de la ayuda humanitaria y el Pacto de Migración y Asilo en Europea», cuya entrada en vigor está prevista para 2026. En esta línea se encuentran también países como Alemania.
Conclusiones del Consejo Europeo de octubre
El Consejo ha recordado que «la migración es un reto europeo que requiere una respuesta europea». Por otro lado, los 27 piden una «mayor cooperación con los países de origen y de tránsito, por medio de asociaciones mutuamente beneficiosas, a fin de abordar las causas profundas y combatir la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes, para evitar así la pérdida de vidas humanas y las salidas irregulares».
El Consejo Europeo ha solicitado una actuación decidida en todos los niveles para facilitar,
y acelerar los retornos desde la Unión Europea, recurriendo para ello a todas las políticas, instrumentos y herramientas pertinentes de la UE. Invita a la Comisión a que presente, con carácter de urgencia, una nueva propuesta legislativa. Y aquí está el quid de la cuestión y el cajón de sastre: «deben estudiarse nuevas formas de prevenir y combatir la migración irregular, de acuerdo con el Derecho internacional y de la UE». Esas nuevas formas podrían seguir la pauta de Meloni en su acuerdo con Albania para retener a ciudadanos de países terceros. Un acuerdo que ya hace aguas porque, ni siquiera Albania, por cierto, precandidata a la UE en la próxima ampliación, permite que le cuelen menores no acompañados. No hay dinero que pague la indiferencia.