- A prisión el piloto de la narcolancha que mató a dos agentes en Barbate
- Detienen a un conductor que circulaba por Algeciras drogado y sin ITV ni carnet
La Fiscalía Superior de Andalucía ha advertido de que, en materia de situaciones de riesgo, «no se está dando cumplimiento» por parte de los Servicios Sociales a todo lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección jurídica del menor y ello conlleva que no se esté desplegando «todo el arsenal de medios» que la ley prevé para situaciones de riesgo en menores, con el perjuicio que ello supone.
En su memoria anual, consultada por Europa Press, la Fiscalía andaluza hace un análisis de la situación en la que se encuentran los Servicios de Protección a menores de las fiscalías provinciales. En todas ellas se alude a un «desbordamiento de trabajo» y reclaman un incremento en el número de funcionarios, además de advertir sobre «deficiencias en el programa de gestión de expedientes».
Las cifras recogidas en la memoria, correspondiente al ejercicio 2023, apuntan a más de 6.000 expedientes de riesgo en el conjunto de la comunidad. La Fiscalía indica además que por parte de los Servicios Sociales «no se está dando cumplimiento a lo dispuesto la ley Orgánica de protección jurídica del menor».
Esto conlleva, según advierte, «que no se produzcan a día de hoy declaraciones de riesgo ni se lleve a cabo la intervención de los mismos en los términos» previstos en la normativa. Ello, «pese a los innumerables requerimientos que en este sentido se les han dirigido por parte de este Ministerio Público».
Este hecho tiene varias consecuencias, la más inmediata es que «no están desplegando todo el arsenal de medios que la ley prevé para hacer frente a las situaciones de riesgo en que se encuentran los menores». Otra consecuencia es que siendo la jurisdicción penal la última vía a la que acudir cuando ya se han agotado todas las otras existentes, podría entenderse no agotada la intervención por parte de la Administración cuando los casos llegan al ámbito judicial.
Menas
Por otra parte, la Fiscalía Superior alude a un aumento generalizado en el número de menores extranjeros no acompañados (MENAS). En Granada, por ejemplo, se han incoado 144 expedientes frente a los 37 del año 2022 y en la actualidad hay 175 menores extranjeros tutelados por la Junta de Andalucía, sin que se haya producido repatriación alguna.
Almería habla de 224 expedientes, con una repatriación; Jaén 27 expedientes; Sevilla habla por su parte de «la avalancha de expedientes de determinación de edad desde agosto a final de 2023».
Respecto a la entrada de menores acompañados de un adulto de referencia, las fiscalías hablan de que en el presente ejercicio ha disminuido la entrada, con la preocupación de todas las Secciones de la dificultad de aplicar medidas de protección dada la movilidad de estos jóvenes.