El Tribunal Constitucional (TC) ha exonerado al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.
Fuentes jurídicas confirmaron que la mayoría del Pleno avaló el borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Este documento proponía anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia, limitada a la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2001.
El tribunal informó que sus magistrados declararon que se vulneró el derecho a la legalidad penal. Por ello, ordena retrotraer las actuaciones para que se dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos.
Como en casos anteriores relativos a los ERE, la votación se cerró con siete votos a favor y cuatro en contra. La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados conservadores: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.
Nueva resolución del caso
En las últimas semanas, el TC explicó en sus resoluciones sobre los ‘ERE’ las diferencias entre las actuaciones cometidas entre 2000 y 2001 y las de 2002 a 2009. A diferencia del primer periodo, las últimas actuaciones contaron con el amparo legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos aprobados en el Parlamento de Andalucía.
Esta interpretación podría traducirse en una rebaja de las penas, que deberá acordar la Audiencia de Sevilla, limitándose a condenar los hechos de 2000 y 2001.
El tribunal ya indicó en la sentencia sobre la exconsejera de Economía andaluza Magdalena Álvarez que un proyecto de ley no puede someterse a un juicio de legalidad mientras es proyecto. Una vez aprobado como ley, solo cabe un juicio de constitucionalidad.
Dado que el Constitucional no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma porque no se recurrió, se presume su legalidad y ampara las actuaciones bajo su paraguas.
En este sentido, el tribunal reitera que la elaboración y aprobación de anteproyectos y proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no constituyen un delito de prevaricación.
El tribunal abordó el recurso de Chaves después de pronunciarse sobre otros siete. Hasta ahora, sus sentencias han supuesto la libertad de cinco ex altos cargos de la Junta: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, el exconsejero de Empleo Antonio Rodríguez y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.