Un total de 108.000 docentes de la enseñanza pública en Andalucía están llamados a secundar la huelga convocada para este martes 14 de mayo por los sindicatos ANPE, Ustea y CCOO. Entre las exigencias que plantean los sindicatos destacan la ampliación de la plantilla y la bajada de la ratio. ANPE, Ustea y CCOO reclaman a la Junta que «rectifique y retome el diálogo» para «avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo».
Los tres sindicatos convocantes del paro han organizado concentraciones a las 12:00 horas en Obispo Orberá, en Almería; en el Ayuntamiento de Cádiz; en el Parque de los Patos en Córdoba; en Puerta Real en Granada; en el Consistorio de la capital onubense; en la Subdelegación del Gobierno en Jaén; en la Delegación de Educación de Málaga y en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, en Sevilla, según el detalle ofrecido por ANPE, Ustea y CCOO.
Ante esta convocatoria, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asegurado que «no hay motivos de peso» para esta huelga. Para ello, ha ofrecido cifras tanto de aumento de plantilla como de bajada de ratio. Sobre los recursos humanos, ha asegurado que en el sistema hay 7000 profesores más que hace cinco años aunque se han perdido 90.000 alumnos.
Sobre las retribuciones, «los docentes andaluces eran los peor pagados de España y ahora están por encima de la media salarial del país», ha defendido Del Pozo para la que la plantilla es ahora «la más amplia, la mejor pagada y la más estable de la historia». En este punto, ha recordado la próxima convocatoria de 14.000 plazas para 2025 y 2026 y ha remarcado que desde 2019 y hasta 2026, la Junta habrá convocado 40.000 plazas, «el triple» de lo que convocaron gobiernos autonómicos socialistas en el mismo periodo de tiempo.
En cuanto a la media de alumnos por clase, en el 44% de las aulas –sólo de la pública y sin contabilizar la escuela rural– de Infantil y Primaria, la ratio está por debajo de los 20 alumnos. En el caso de Secundaria, el 92% de las aulas están por debajo de los 30 estudiantes que fija la ley. «Son motivos para seguir trabajando», ha abundado la consejera, que ha afeado al PSOE su apoyo a esta huelga y a las concentraciones previas en las que, según la consejera, «se nos pidió que cerráramos la concertada, una pieza clave» del sistema. «No lo puedo entender», ha apuntado.
La consejera ha defendido que el diálogo se mantiene abierto en la mesa de negociación, en la que en estos momentos hay tres temas que se están abordando, tales como el refuerzo de plantilla en zonas de transformación social, la ley de autoridad docente y la desburocratización. «No encuentro los motivos para esta huelga. Francamente, no encuentro motivos de peso», ha sentenciado.
En un comunicado conjunto, los tres sindicatos convocantes de la huelga remarcan la «necesidad» de aumentar las plantillas docentes de la educación pública andaluza. A principios de este curso, ya reclamaron a la Consejería la apertura de negociaciones para avanzar en este tema que consideran «una necesidad urgentísima». Pese a que parecía haber «un leve inicio de negociaciones» al respecto del aumento del número de docentes, «después de meses de pocos avances y continuas dilaciones y cortapisas el pasado 1 de abril la Consejería de Desarrollo Educativo y FP rompió unilateralmente estas negociaciones escudándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2024».
Ante esta «falta de consideración», ANPE, Ustea y CCOO han convocado una general docente el próximo 14 de mayo y movilizaciones en todas las capitales de provincia. «Con esta jornada de huelga, exigimos la reanudación de las conversaciones y el cambio de actitud de la Consejería que haga posible, esta vez sí, avanzar verdaderamente en medidas que refuercen la escuela pública andaluza y dignifiquen la labor del profesorado que la sostiene».
Las centrales sindicales convocantes han reclamado al Gobierno andaluz y a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP que «asuma su responsabilidad sin escudarse en un contexto estatal que no es ni puede ser un obstáculo para la defensa de la educación pública», al tiempo que han reivindicado una mejora de las condiciones laborales del colectivo docente, y sobre todo, una serie de medidas que garanticen una educación pública de «máxima calidad»