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Este lunes 29 de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el decreto que regula los establecimientos de pisos turísticos y viviendas con fines turísticos. Dentro de sus competencias, el decreto permite a los ayuntamientos establecer restricciones en cuanto al número máximo de viviendas turísticas por edificio o sector, según lo establecido en el borrador que fue sometido a información pública.
La confirmación de la aprobación fue anunciada el viernes por el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, durante una entrevista con Canal Sur Radio. Esta aprobación era anticipada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la inauguración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur).
El borrador del decreto, que fue puesto a disposición del público, reveló que en el Registro de Turismo de Andalucía ya se contabilizan 80.000 viviendas con fines turísticos, y esta cifra sigue aumentando a diario.
El Gobierno andaluz argumenta en el borrador que la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan limitaciones al número de viviendas turísticas proporciona seguridad jurídica, delimitando las competencias con respecto a las corporaciones locales en materia urbanística y de planificación del territorio, según la Sentencia del Tribunal Supremo número 625/2020 de 1 de junio.
La normativa andaluza no prevé una limitación específica a la actividad económica de las viviendas turísticas, sino que autoriza a los ayuntamientos a hacerlo dentro de sus competencias, según la Junta de Andalucía. El presidente Moreno señaló que este decreto precede a la nueva Ley del Turismo y cuenta con el consenso del sector, buscando garantizar la calidad y una mejor organización de esta actividad.
La nueva normativa permitirá un mayor control sobre el número de viviendas activas, identificando a su verdadero explotador, y otorgará a los ayuntamientos la capacidad de establecer limitaciones, prohibiciones o condiciones urbanísticas. Moreno destacó la comunicación de la alta de una vivienda turística a los ayuntamientos para verificar su legalidad urbanística, así como la introducción de la figura de «empresa explotadora», inexistente en otras regulaciones autonómicas, con el objetivo de garantizar los derechos de los usuarios y terceros.
El presidente de la Junta de Andalucía afirmó que el nuevo decreto incorpora mayores exigencias de habitabilidad, elevando los estándares de confort, y mencionó la novedad de la previsión de celebrar convenios de colaboración para el intercambio de información sobre las viviendas turísticas.