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La Junta de Andalucía prevé tener en vigor en el plazo de un año la prometida ley contra las agresiones a profesionales sanitarios. Incluirá la puesta en marcha de un Observatorio para prevenir estos actos y un régimen sancionador que proteja a los profesionales mediante la imposición de multas económicas contra sus autores.
Así lo ha trasladado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, durante un encuentro mantenido este martes con la ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) presidida por Jorge Fernández Parra. Además, ha agradecido su voluntad de diálogo constante y de acuerdo sobre las acciones que se lleven a cabo dentro del sistema sanitario público de Andalucía.
Entre los principales asuntos de interés abordados durante la reunión, García ha hecho especial hincapié en la Ley contra las agresiones a los profesionales sanitarios comprometida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un escenario en que «está aumentando la agresividad y la conflictividad en la sociedad, no sólo dirigida a los profesionales de la salud. También ha habido un aumento exponencial de agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la comunidad educativa o en el ámbito familiar».
Impulso de la ley para proteger a los sanitarios
En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, la consejera de Salud ha subrayado la necesidad de impulsar una Ley para «proteger a los profesionales sanitarios, que son los que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos y ellos hacen su trabajo desde un juicio clínico siempre mirando el bien de la persona e intentando mejorar su calidad de vida y su salud».
«Nuestra función nunca puede ser solucionar un conflicto a través de una agresión y vamos a trabajar en ello con un ley muy potente que incluirá la puesta en marcha de un Observatorio contra las agresiones y un régimen sancionador para proteger a los profesionales sanitarios en el ámbito de su trabajo», ha añadido Catalina García. Además, ha detallado que la Consejería ya cuenta con un borrador de la futura Ley que en el plazo «de un año puede estar funcionando».
Preguntada por el régimen sancionador previsto en la Ley, la consejera ha destacado que se incluirán sanciones económicas, «que muchas veces suelen ser las que más duelen y las que hacen pensar a las personas» más allá de la propia vía judicial.