Todas las auditorías realizadas al sector público instrumental dependiente de la Consejería de Salud y Familias se han hecho públicas y revelan, entre otros aspectos, «una duplicidad en la gestión», según ha señalado el consejero Jesús Aguirre. «Esta duplicidad es algo que ya conocíamos, por eso desde la Consejería de Salud y Familias venimos trabajando en su eliminación desde que llevamos al gobierno», ha asegurado Aguirre.

En ese sentido, sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública la auditoría propone «el cese de su actividad, extinción de la entidad y traspaso de recursos y actividades a otras entidades existentes. En cuanto a la EASP, la Consejería de Salud y Familias se ha adelantado y buscado la vía de la eficacia en la gestión de la Escuela y ya se ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley de creación del Instituto Andaluz de Salud que transformaría la naturaleza jurídica de esta entidad», ha recalcado Aguirre, que ha recordado también que «buscando la mejora laboral de los trabajadores de la Escuela estos pasarán a ser personal laboral de una agencia administrativa y no de una sociedad anónima, con sede en Granada».

Por otro lado, las auditorías reflejan también en sus respectivos informes «la necesidad de integración en el Sistema Andaluz de Salud de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias (Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir), así como de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), algo que durante el ejercicio 2021 se está realizando, tanto a nivel de personal como de sistemas de información y logística».

Entre las recomendaciones en las agencias púbicas empresariales sanitarias destaca la necesidad de ampliación del área de Urgencias del Hospital Costa del Sol y del Hospital de Poniente, algo que ya ha acometido este ejecutivo, ampliando en 2020 la observación de urgencias y proyectando la ampliación global del área durante este año 2021 en el Costa del Sol y ampliando el área de urgencias de Poniente en 2020, para zona de atención COVID 19, salas de espera de pacientes y zona de atención pediátrica.

En cuanto a EPES, se recomienda también «reducir la alta dependencia financiera de las aportaciones de la Junta de Andalucía y mejorar la capacidad para generar autofinanciación, obteniendo nuevas vías de ingresos». Además de «potenciar y aumentar la generación de los ingresos por prestación de servicios, enfocando su actividad a organizar y gestionar más acciones formativas».

FAISEM ha sido otro de los entes auditados donde destaca la necesidad de establecer un sistema o procedimiento que permita realizar «un adecuado seguimiento de los usuarios y que tenga como soporte la herramienta de Sistema de Información FAISEM, además de centralizar el proceso de compras en aras de poder contratar los servicios con precios más competitivos y aprovechando economías de escala».

En cuanto a la Fundación Progreso y Salud la auditoría recomienda, entre otras cosas, «formalizar un mayor número de procesos, la implementación de más controles que permitan identificar y clasificar desviaciones para plantear soluciones concretas a las mismas, así como la disponibilidad de sistemas de información para el registro de la actividad».

Finalmente, hay que destacar que las auditorías señalan la necesidad de que las fundaciones públicas para la investigación FISEVI, FIMABIS Y FIBAO «modifiquen sus estatutos para establecer una participación minoritaria de la administración con el objeto de reconvertir su estatus como fundación privada».

En total, en Andalucía, se han realizado 54 auditorías del sector público instrumental con el objetivo de racionalizar, suprimir y revisar entes innecesarios en la Junta de Andalucía. Los resultados ponen de manifiesto «una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios».