Que el andalucismo hunde sus raíces más profundas en la desigualdad, ad intra y ad extra, de Andalucía, no es discutible. La realidad social y política de principios de siglo pasado, la situación de cientos de miles de andaluces, con vidas más cercanas a las de las bestias que a las propias personas, espolea un movimiento liderado por Blas Infante que bucea en las causas de esa situación tan injusta al tiempo que elabora recetas para acabar con el secular retraso de nuestra tierra y liberar del yugo de la servidumbre a una ingente masa de jornaleros. Andalucía, desde prácticamente la conquista castellana, no era otra cosa que una simple colonia interior. Para eso, Infante planea dotar de un ideal a Andalucía y de la correspondiente conciencia política, sin la cual es imposible cambiar el destino reservado para una tierra conquistada.
Pero, además de las profundas desigualdades en el ámbito interno, Andalucía mantiene como territorio unas crecientes diferencias con otros territorios del Estado mucho antes incluso de su reconocimiento político moderno. Pueblos como el catalán, el vasco o el gallego, además de Madrid, que es la principal beneficiada de los modelos de distribución territorial del poder acaecidos en los últimos siglos, han defendido con éxito su posición a costa, en muchos casos, de otras zonas del Estado, especialmente de Andalucía. Infante también quiso combatir esta desigualdad ad extra para lo cual era esencial armar a los andaluces de una conciencia de pueblo, paso previo imprescindible para cualquier intento de acción política posterior.
Es evidente que las soluciones al problema del jornalero, al problema del hambre, al problema del analfabetismo, al de la tierra, había que abordarlas entonces desde posiciones casi revolucionarias, transgresoras, de izquierda; había que redistribuir la riqueza de manera radicalmente más justa e igualitaria y eso, entonces, era tarea de fuerzas progresistas… y liberales. Y así lo entendió Infante y los herederos de su legado, décadas más tarde.
Sin embargo, el problema del papel de Andalucía en el conjunto del Estado, de la igualdad con otros pueblos a la hora de disponer de similares herramientas para prosperar colectivamente, estando íntimamente relacionado con su realidad interna, exige explorar otros caminos. Y uno de esos caminos es el de la necesidad de dotar a Andalucía de un autogobierno, que algunos ven contrario al universalismo teórico de la izquierda, en el que el trabajador emerge por encima de naciones y pueblos. Un camino que puede seguirse desde posiciones nacionalistas progresistas y conservadoras, como la realidad no se cansa de demostrar. Y en este empeño, es evidente que debemos hablar en términos comparados de desarrollo económico, sin el cual, por cierto, tampoco podremos hablar de desarrollo social.
Ayer y hoy, competir con otros territorios del Estado, con igualdad de armas, implica necesariamente un programa de desarrollo económico que piense en nuestras empresas y emprendedores, que a menudo son víctimas de un modelo que privilegia sistemáticamente a los territorios más ricos del Estado. También hay, aunque no se quiera admitir o no se vea, una tensión dialéctica entre los intereses empresariales de las zonas ricas y las de las zonas más desfavorecidas. Y romper esa situación de privilegios es obligación de cualquier movimiento político nacionalista que se precie, so pena de querer construir una país sobre un castillo de naipes económico.
Basta indicar, a modo de ejemplo, lo que otras veces he comentado en cuanto a contratación pública que, no olvidemos, supone el 15% del PIB. Bien, el70% de la “tarta de la contratación pública” se la adjudican el 0,2% de las empresas, que son las grandes empresas, y que tienen su sede en Madrid, Cataluña y País Vasco. El resultado es que nuestro tejido empresarial no participa o lo hace mínimamente en la contratación pública, y eso impide la convergencia económica con el resto del Estado y Europa. Ese campo de trabajo, el que tiene por objetivo mejorar nuestro tejido económico, es claramente un campo andalucista porque si no lo hacemos nosotros, si nosotros no defendemos los intereses económicos de nuestra tierra, ni Madrid, ni Cataluña, ni País Vasco moverán un dedo y el trasvase de rentas seguirá fluyendo en la misma dirección. Nadie regala nada.
Así, el andalucismo de este siglo no debe quedarse anclado en el pasado, petrificado por la nostalgia del que mira hacia atrás, ni hacer una lectura exclusivamente en clave izquierda-derecha que sirve a intereses políticos ajenos a los propios. El andalucismo en el siglo XXI debe ser mucho más transversal y no se puede dirigir solo al 10% de la población andaluza porque la historia no se cansa de demostrarnos que así nunca seremos útiles para la inmensa mayoría y si los ciudadanos no perciben esa utilidad tampoco nos darán su respaldo político.
Debe dirigirse a una inmensa mayoría de andaluces y andaluzas, con un discurso nítidamente propio, claro, sin hacer seguidismos estériles de nadie; siendo capaz de arropar con su discurso a pequeños empresarios, profesionales y mundo urbano. Un andalucismo que ponga en el centro del debate político a Andalucía y su derecho a ser y estar y, consecuentemente, a decidir en libertad qué futuro quiere para sus hijos. El jornalero ha muerto. Era un problema de siglo XX. Ahora Andalucía tiene otros problemas y necesidades: poder propio para diseñar políticas que nos hagan avanzar, así como para fijar nuestro encaje en la España del futuro; defensa de nuestros intereses económicos, razonable y sostenible redistribución de la riqueza, agua, gestión del fenómeno migratorio… retos todos ellos que requieren un cambio de estrategia, con mayores dosis de pragmatismo político y menos ensimismamiento, y abandonando para siempre el “rincón de la pureza” donde la izquierda tradicional, enemiga íntima, se empeña en recluirnos como si fuéramos simples lotófagos.
El andalucismo debe abrazar la realidad.