El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha presentado en el informe relativo a las 54 auditorías del sector público instrumental con el objetivo de racionalizar, suprimir y revisar entes innecesarios en la Junta de Andalucía. Las auditorias constan de 6000 folios y se harán públicas el 30 de julio en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

Los resultados ponen de manifiesto «una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios, por lo que se va a abordar un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental para definir las estrategias con estas entidades», según señalan desde la Junta de Andalucía.

El sector público instrumental andaluz consta de 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedad mercantiles. El personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores: 8.023 profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.

A cierre de 2020, tras los dos primeros años de gestión del actual Gobierno, y en el contexto de la eclosión de la pandemia del COVID-19, el personal laboral general de estos entes instrumentales se redujo a 16.987 trabajadores (-3,19%), mientras que el personal laboral sanitario se reforzó hasta alcanzar los 9.050 empleados (+12,8%) y el personal laboral dedicado a servicios sociales aumentó a 2.944 (+2,47%).

Desde enero de 2019, el Gobierno andaluz está llevando a cabo «actuaciones de mejora y simplificación del sector público instrumental, en base, entre otros aspectos, a las recomendaciones que reiteradamente venía realizando la Cámara de Cuentas de Andalucía».

Así, ha puesto en marcha la creación de la Agencia TRADE, que agrupa a la Agencia IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende o la integración en el SAS de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias (Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir), así como de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), que coinciden con algunas de las recomendaciones de los auditores.

O, por ejemplo, ha acordado la fusión de fundaciones públicas como las Barenboim-Said, con Tres Culturas del Mediterráneo y el Legado Andalusí, una medida que no se recomienda expresamente en las auditorías, pero que el Gobierno considera beneficiosa para mejorar el funcionamiento de la Administración.

Además, desde el inicio de este mandato, se ha reducido el número de consejerías, altos cargos y personal eventual, se han abordado medidas de racionalización organizativa y reducción de los procedimientos administrativos «para conseguir la máxima eficiencia en la gestión y, en el caso del personal laboral del sector público instrumental». Además se han suprimido los seguros privados de vida y de salud, equiparándolos a los seguros de accidentes del personal funcionario, lo que supone «un ahorro de medio millón de euros anuales».

Conclusiones

La primera de las conclusiones a las que llegan las auditorías realizadas es que durante los anteriores gobiernos se fue desarrollando «una superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta. Ello provocó duplicidad de funciones y competencias entre algunos entes, entre algunas de estas entidades y la Consejería de la que dependen y entre algunos entes y otras consejerías ajenas a los mismos», manifestaba Juan Marín tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Otra de las conclusiones es «la deficiencia en la gestión, lo que incluso está provocando dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados. Las auditorías también reflejan problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales».

A modo de ejemplo, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -donde han confluido los ex trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt), el personal de las escuelas consorcio, los promotores de empleo, del Plan Memta y la plantilla restante de las antiguas unidades de orientación- el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes.

Igualmente, en cuanto a la gestión ineficaz de algunos de estos entes, los resultados arrojan datos llamativos como el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solo se gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía o que realizó únicamente 12 ofertas por cada 100.000 habitantes.

Las auditorías «reconocen la utilidad de algunos de los entes existentes y ponen también de relieve la ineficacia de otros», que podrían ser extinguidos o integrados, «por falta de actividad o por no cumplir los objetivos que se marcaron para su creación». Un ejemplo de ello sería el Parque Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, del que se ha constatado que «no ha tenido actividad desde hace años» y en sus terrenos en propiedad de 156.750 metros cuadrados «no se ha instalado ninguna empresa».

Los auditores apuntan la existencia de entidades «que podrían mantenerse con cambios leves en su gestión o en su forma jurídica y otras que recomienda extinguir, fusionar o integrar».

Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental

Las recomendaciones de los auditores constituyen «un diagnóstico sin carácter vinculante que deben someterse al análisis exhaustivo de factibilidad y de oportunidad por parte de las consejerías de adscripción de los entes auditados». Estas recomendaciones servirán de base para el Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, «un compromiso plasmado en la Ley del Presupuesto de 2019, que ya está en marcha y que contempla un desarrollo en varias fases».

El contrato para elaborar este plan se licitó por 3 millones de euros y se adjudicó finalmente por un importe de 1,7 millones. La adjudicación está a la espera de resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ya que ha sido recurrida por una de las empresas que presentaron ofertas.

Una vez que se disponga de este Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, que será llevado al Consejo de Gobierno, se conocerá el alcance concreto de las medidas, como, por ejemplo, a cuántas quedarán reducidas finalmente las entidades instrumentales, cuál será su número de trabajadores y a cuánto ascenderá el ahorro anual.