El alcalde del municipio gaditano de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha denunciado este viernes 1 de septiembre el bloqueo de Gibraltar a los barcos pesqueros que intentan faenar en aguas de soberanía española cercanas al Peñón de Gibraltar.
El consistorio linense ha solicitado reuniones con los gobiernos de España y Andalucía tras conocer de primera mano el problema. El último de los incidentes relacionados con las aguas cercanas al Peñón ocurrió el pasado 21 de agosto, cuando Jonathan Sánchez, propietario del buque Mi Daniela, fue abordado por dos embarcaciones gibraltareñas, una patrullera de Aduanas y otra de la Royal Gibraltar Police.
La zona en la que fue abordado Sánchez en plena faena es conocida por ser muy prolífica para los pescadores, pero se encuentra en un punto delicado al reclamar Gibraltar esa zona como suya.
El pasado 30 de agosto, el gobierno de gibraltareño emitió un comunicado en el que aseguraba que «Gibraltar no alberga ninguna duda sobre la soberanía británica de las aguas que rodean Gibraltar. Deben evitarse los incidentes innecesarios en ellas, ya que suponen un riesgo para las tripulaciones de las embarcaciones implicadas».
En este sentido, el alcalde de La Línea solicitará encuentros con la delegación del Gobierno en Andalucía, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con el objetivo de facilitar que los pescadores puedan llevar a cabo su actividad «con normalidad».
El alcalde declaró estar «profundamente preocupado» por este asunto que afecta gravemente a vecinos de La Línea. Por ello, el consistorio se posiciona «a su lado» para intermediar y buscar soluciones, aunque el Ayuntamiento carece de competencias en asuntos de política exterior y de actividad pesquera.
Un problema con historia
El conflicto de la soberanía de las aguas que rodean a Gibraltar no es nuevo y tiene mucha historia detrás. El Gobierno español, basándose en el Tratado de Utrecht de 1713, sólo reconoce la cesión al Reino Unido de la ciudad, el castillo, las defensas y fortalezas y el puerto, quedando fuera las aguas adyacentes al Peñón.
Existe incluso una sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 puso en duda que el Tratado de Utrecht supusiera cesión de soberanía y jurisdicción. «En el caso de que esa cesión de soberanía siguiera vigente si la hubo, habría de referirse exclusivamente a aquellos espacios delimitados en el título de concesión, y nunca alcanzaría a otros, terrestres o marítimos, distintos de aquellos, respecto a los que en modo alguno cabría reconocer poder soberano ni jurisdicción de ninguna clase», matizó el tribunal hace más de dos décadas. Si embargo, para las autoridades de Gibraltar, el tratado de Utrecht no tiene validez y reclama como suya estas aguas adyacentes al Peñón hasta al menos tres millas.