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Bruselas ha amenazado a España con sanciones debido al plan de regadíos que el Gobierno de Moreno Bonilla pretende llevar a cabo en el Parque Nacional de Doñana. La medida busca legalizar 1.461 hectáreas de cultivos de regadío abastecidas por pozos ilegales, con el objetivo de regularizar y ampliar las estos cultivos.
Europa señala la sentencia de 2021, por la cual el Tribunal de Justicia de la UE determinaba que España no había tomado las medidas necesarias para salvaguardar el humedal de Doñana, considerando que el país había incumplido sus obligaciones en materia de Aguas. Además, han dado un plazo de un mes para explicar como se ha probado que el plan de mejora del regadío no perjudicará el estado de los espacios protegidos. Desde la institución europea, se considera que «la sobre explotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío», apuntando no solo a un daño medioambiental, sino a un problema económico a largo plazo.
Por su parte, organizaciones ecologistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han expresado fuertes críticas hacia la medida de regadíos. «Sería uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de Doñana», expresaba WWF. Greenpeace ha desplegado una pancarta contra la regularización de pozos ilegales para el regadío.
La defensa del PP
Sin embargo, el Partido Popular de Andalucía ha señalado al PSOE como culpable de la postura adoptada por Bruselas, acusando a la formación socialista de expandir el «bulo» de que el plan de regulación de los regadíos pueda dañar las reservas del acuífero de Doñana. A esta idea se ha sumado la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, cuyo portavoz, Julio Díaz, ha declarado que el Gobierno central «no está colaborando ni está aportando a la sostenibilidad de Doñana como debiera».
Ante las críticas, el Partido Popular andaluz ha argumentado que no se plantea tocar el agua subterránea con el plan de regadíos, sino que pretenden regular el agua en superficie que se espera tras un trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir. Este argumento ha sido contestado por Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quien señaló que dicho trasvase no fue planteado con el propósito de aumentar los cultivos en Doñana, y ha llamado a «contener la expansión del regadío» en un contexto de cambio climático y reducción de los niveles de agua.