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El Pleno del pasado miércoles aprobó, con la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno y el apoyo del resto de grupos parlamentarios excepto Vox, la Ley de Atención Temprana. Esta ley supone introducir un marco normativo de rango legal que garantice que los menores de 6 años, con algún trastorno en su desarrollo o riesgo de presentarlo, reciban, en condiciones de igualdad, la Atención Infantil Temprana.
En lo que respecta al PP y en defensa de esta iniciativa ha intervenido la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, afirmando que esta ley «largamente reivindicada es fruto del consenso, del diálogo y de la escucha activa; y sitúa a Andalucía a la vanguardia de la regulación en Atención Temprana, pues sólo otras dos comunidades autónomas cuentan con una ley en esta materia, Murcia y Canarias».
Asimismo, y en cuanto a las dudas que ha generado en resto de grupos el modelo de financiación, la portavoz del PP, Beatriz Jurado, ha querido dar tranquilidad a la oposición asegurando que su gobierno apuesta por «el concierto social, que no privatización».
Una ley celebrada, con dudas en su financiación
El PSOE-A, por su parte, ha defendido su voto afirmativo recordando que el proyecto no es genuino de la derecha, y en este sentido María Ángeles Prieto ha explicado que «aunque el Gobierno se atribuya esta ley como propia, recoge en lo esencial lo que se inició hace décadas en Andalucía» y ha defendido el establecimiento de plazos para el diagnóstico y el comienzo de la intervención, considerando que «hay que acabar por ley con las listas de espera».
Sin embargo, también ha lamentado que no se amplíe este sistema a niños de más de seis años, que no se destinen recursos a ello y «sí a que los hijos de familias acomodadas puedan tener clases de inglés más baratas».
En un sentido similar ha defendido Vox su abstención. Ana María Ruiz ha subido a la tribuna denunciando un trato desigual y advirtiendo de que la ley que se aprobaba «no es la esperada», y esto se debe a que, según su postura «beneficia a unos niños sí y a otros no al excluir a aquellos que alcanzan la edad de seis años, cuando se conoce la necesidad de que continúen con su tratamiento».
Esperanza Gómez, diputada de la coalición de izquierdas Por Andalucía, ha querido poner en valor el establecimiento de plazos y que se hayan escuchado las peticiones sociales, pero advirtiendo también sobre el modelo de mantenimiento de la norma: «es necesaria una financiación suficiente, porque si no esto no habrá servido para nada».
José Ignacio García de Adelante Andalucía ha querido celebrar igualmente la aprobación de esta ley por parte del Parlamento, ya que, aseguró, supone «un enorme paso positivo» y «establece un derecho que hasta ahora no existía». Sin embargo, también ha puesto en duda su gestión desde el gobierno de Moreno, «con el riesgo de que se introduzcan empresas con ánimo de lucro en este sector».