El Parlamento de Andalucía aprobó ayer, con los votos a favor de PP, PSOE -que hizo algunas aportaciones al texto-, Por Andalucía y Adelante Andalucía, y con el único voto en contra de Vox, la petición formal al Gobierno de desclasificación de los archivos del asesinato de García Caparrós. Esta petición llega 45 años después de que se produjesen los hechos. La documentación y las actas de la comisión iniciada en el Congreso en enero de 1975 para investigar el caso fueron declarados entonces como «secretos». La propuesta, llevada al Parlamento por Adelante Andalucía, fue defendida previamente por la portavoz del grupo, Teresa Rodríguez: «Ahora que tenemos la oportunidad de aspirar al menos a la verdad y a la reparación, hagámoslo» porque, según continuó diciendo, «ya no hay excusas» y «no se puede decir que existe un ruido de sables que no nos permite hacer justicia», cuando «todo el mundo está ya de acuerdo en que al menos esa familia se merece una restitución».
Manuel José García Caparrós fue un joven de dieciocho años nacido en Málaga en el año 1958, trabajador de la fábrica Cervezas Victoria, sindicalista de Comisiones Obreras, que fue asesinado durante las manifestaciones masivas del 4 de diciembre de 1977 en la capital malagueña para exigir un referéndum y un Estatuto de Autonomía para Andalucía que la equiparase a Cataluña o País Vasco. El proyecto de autonomía había sido iniciado a finales de la Segunda República, pero el estallido de la guerra frustró la aspiración andalucista.
García Caparrós falleció por un disparo, pero nunca se supo el autor del mismo. Algunos autores afirman que la bala alojada en su cuerpo era de la policía, aunque el informe balístico se ocultó. Muchas incógnitas siguen sobrevolando la muerte del joven, más de 40 años después. Sin embargo, no es la primera vez que los archivos clasificados del caso son noticia, pues ya tuvieron acceso parcial al archivo tanto la diputada de Podemos Eva García Sempere, en 2017, como la secretaria judicial Rosa Burgos.
En 2013, Caparrós, fue nombrado por el ayuntamiento Hijo Predilecto de Málaga y le fue entregada la medalla de la ciudad a título póstumo. Ahora se reconoce por primera vez y casi por unanimidad en el Parlamento la necesidad de desclasificar la documentación del caso y reparar el daño a sus familiares.