La Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos trabajan en un convenio para reconocer las farmacias como espacios seguros para las víctimas de violencia de género. Este acuerdo, que se espera esté operativo antes de fin de año, incluirá un distintivo visible en las farmacias y un protocolo para que las mujeres puedan solicitar ayuda de manera discreta a través de un producto clave. El personal farmacéutico, al recibir la solicitud, alertará a los servicios de emergencia 112.

La consejera de Inclusión Social, Loles López, anunció esta medida tras reunirse con representantes del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para evaluar las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género celebradas en junio. Durante la reunión, López destacó la importancia de ampliar la red de atención a las víctimas y reforzar la prevención, especialmente en el medio rural, donde las farmacias son un recurso cercano y accesible.

López también condenó los recientes crímenes de violencia machista ocurridos este verano, incluidos dos en Andalucía. Subrayó la necesidad de una cooperación estrecha para combatir la violencia de género, asegurando que las farmacias puedan actuar como puntos de apoyo y detección de casos.

Cooperación y coordinación

El convenio incluye la provisión de material informativo y de sensibilización en las farmacias, así como asesoramiento técnico del IAM. El Consejo de Farmacéuticos se compromete a informar a las usuarias sobre los recursos públicos disponibles y a realizar campañas de sensibilización.

Esta iniciativa se basa en la experiencia del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, que recibió el Premio Meridiana por su trabajo con víctimas de violencia de género. La red de apoyo a las víctimas incluye también comunidades de vecinos, hostelería, ocio nocturno, el Servicio Andaluz de Empleo, abogados y personal de prisiones.

López valoró positivamente las medidas adoptadas desde la reactivación de las comisiones en diciembre de 2022, como la Herramienta Lenore para evaluar el riesgo social de las víctimas, y la formación a abogados y personal de Protección Civil. Finalizó subrayando que la lucha contra la violencia de género requiere el esfuerzo conjunto de toda la sociedad.

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